En México mueren diariamente cuatro niños y niñas por laviolencia familiar en que viven, y persiste una alta marginaciónen las primarias en contra de los alumnos por su color, presentaralguna discapacidad o por pertenecer a una comunidad indígena,señaló Margarita Urías, secretaria ejecutiva del Sistema Estatalpara la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes(Sipinna).
También lamentó que en Sinaloa haya un rechazo a cambiar deparadigma en cuanto a la atención y protección de los niños,pues se les quiere seguir viendo como propiedad de los padres defamilia y no como ciudadanos de una sociedad que tienen derecho adecidir.
Ante esta situación, comentó que se ha estado trabajando en lacreación de nuevas leyes y nuevas instituciones para garantizarese derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes para sertratados como ciudadanos.
“La propuesta es seguir trabajando para que no hayadiscriminación por color, discapacidad ni por edad, etnia ni porpertenecer a una comunidad indígena jornalera migrante”,expresó.
Antes, recordó, había una dependencia que se llamabaProcuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y el conceptomenor implicaba una discapacidad de las niñas y los niños.
Sin embargo, dijo, a partir del 2014 se hicieron cambios legalesy entonces ya los niños son ciudadanos, no son menores, no soncosas, no son objetos. Los padres no son dueños. El estado regulamuchas situaciones, y este cambio generó inquietud por el entornocultural en donde los adultos decidían por los niños.
El problema es, dijo, que en Sinaloa la sociedad no quiereadaptarse al nuevo paradigma y se quiere mantener la visión de quelas niñas y niños sean propiedad de sus padres que éstos decidanpor aquellos.
