CHETUMAL.- Oficinas del Congreso del Estado fueron robadas elsábado 12, de donde se sustrajo documentación al parecer decuentas públicas sujetas a revisión, informó el presidente de laComisión de Justicia de la XV Legislatura, Carlos Mario VillanuevaTenorio.
Informó que este martes se reunirá una comisión de diputadoscon el Fiscal de Justicia, Arturo Álvarez Escalera, para conocer adetalle cuáles fueron los documentos hurtados de las oficinasubicadas en la avenida Centenario, de Chetumal.
Dijo que ha iniciado un proceso de investigación por parte dela Policía Ministerial para determinar qué tipo de documentaciónfue la sustraída, y confió en que pronto se conocerá al o losresponsables de este hecho.
Señaló que existe el compromiso de llegar hasta las últimasconsecuencias en las investigaciones, dada la importancia de losdocumentos, y se comprometió a ofrecer una conferencia de prensapara dar a conocer los pormenores de la reunión que sostendráncon el titular de la Fiscalía.
“Por el momento no podemos dar más detalles, pues no queremosespecular ni dar información que pudiese entorpecer el trabajo dela Policía Ministerial”, apuntó.
Lo extraño, dijo, es que las oficinas que fueron hurtadas seencuentra justo detrás del despacho policial C-4 de Chetumal.
Aclaró que no pueden señalar a ninguna persona en particular,pero calificó de curioso que desaparezca documentaciónrelacionada con la cuenta pública que está siendo objeto derevisión por parte de los integrantes de la actual Legislatura, dela Auditoría Superior de Fiscalización y el Gobierno del Estado,“no solo para fincar responsabilidades, sino también paraconocer el manejo que se le dio a los recursos en laadministración pasada”.
Reiteró que desconocen qué tipo de documentos desaparecieron,así como también si hay respaldo de los mismos.
Cuentas pendientes
El hecho, de suyo preocupante, cobra relevancia de acuerdo conlos dichos recientes del presidente de la Gran Comisión delCongreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, quien basado enauditorías y diversas pruebas que inculpan a representantes de laanterior administración, dijo que existen los elementos paraproceder penalmente contra el exgobernador Roberto Borge de susexcolaboradores, como el extitular de la Secretaría de Finanzas yPlaneación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina.
Precisó que con la información que tienen hasta el momento sepueden presentar denuncias en contra de los exfuncionarios de laadministración pública estatal debido a que hay un quebrandocercano a los 6 mil millones de pesos, independientemente de que elSAT, Hacienda y la PGR tienen investigaciones propias en contra delexgobernador, Roberto Borge.
Mencionó que la actual Legislatura ha revertido alrededor de un50 por ciento del total de reformas a las leyes creadas paraproteger al exgobernador; y en otros casos, dijo el diputado, no sehan podido modificar porque depende de otras instancias y no delCongreso.
Reconoció que los ciudadanos quisieran ya ver a exfuncionarios“detenidos” ante la serie de presuntas irregularidadesdetectadas, pero aclaró que el Congreso no es Fiscalía General nies el Poder Judicial, sino es un ente fiscalizador y estáencargado de hacer las reformas en forma “cuidadosa” a fin decombatir “el paquete de impunidad”.
Aclaró el legislador panista que no es necesario revertir alcien por ciento el paquete de impunidad para actuar contra losexfuncionarios que cometieron irregularidades, sino que con lainformación de que disponen y lo que se ha avanzado, dijo que hayelementos para exigir a las autoridades la consignación deexpedientes ante un Juez.
“Creo que sí hay posibilidades reales de que exfuncionariosvayan a la cárcel, no sólo está el tema de la investigación queestamos haciendo sino que hay investigaciones federales sobre losexfuncionarios, empezando por el gobernador Roberto Borge, hayinvestigaciones del SAT, Hacienda, la PGR; y al Congreso tambiénnos corresponde poner nuestra parte, que es lo que estamoshaciendo”, dijo tras insistir en que es necesario presentar todoslos elementos para que la Fiscalía General consigue expedientesante los juzgados y castigue a los exfuncionarios.
De los 16 exsecretarios del gabinete de Roberto Borge, indicóque en la mitad hay irregularidades. Citó por ejemplo que laComisión de Agua Potable y Alcantarillado desconoce qué se hizocon el préstamo por 500 mdp que solicitó; y tampoco se sabedónde quedaron mil millones de pesos que entregó Aguakan comoprestación al obtener la concesión en Solidaridad.
