El ex gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid compareció ayer en el Centro de Justicia en Mexicali, por una denuncia que existe en su contra.
Pedro Ariel Mendívil García, fiscal regional en Mexicali, indicó que dicha carpeta fue producto de la denuncia presentada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, a través de la Secretaría General de Gobierno, en noviembre.
“El día de hoy estaba citado a comparecer uno de los imputados, en este caso el ex gobernador y comparece en compañía de su defensor particular, a quien designa y nombra, haciendo uso de su derecho constitucional de reservarse a declarar”, dijo.
De acuerdo a la carpeta de investigación con NUC (número único de caso) 0202-2019-42685 se investiga el presunto delito de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, peculado y negociaciones ilícitas, entre otros.
Se informó que dicha denuncia también es contra al menos trece ex funcionarios de la anterior gestión estatal, donde hasta el momento solamente cinco de estos han sido citados ante la autoridad.
Los trece son Loreto Quintero, Remigio Salcido, Antonio Valladolid, Bladimiro Hernández, Miguel Ángel López, Miguel Ángel Rodríguez, Edgar Castillo, Artemisa Mejía, Álvaro Ledezma, Isauro López, Silvia Lara, Juan Romero y Reynando Sandoval.
ESPERAN INFORMACIÓN
Señaló Mendivil García que se cuenta con 47 datos de prueba en la carpeta de investigación, donde aún se espera de información que fue solicitada a la Comisión Nacional Bancaria.
“Tenemos datos de prueba que nos dan un punto definido en la investigación, tenemos que verificar el tema de los manejos de las cuentas de las empresas y de las transferencias de Gobierno del Estado, para deslindar responsabilidades”, detalló.
Una vez obtenida la información, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales comenzarán las líneas de investigación.]
Manifestó que dicha carpeta es compleja, es un tema de recursos, tanto el origen como los destinos, así como servicios que supuestamente se prestaron por 99 empresas fantasmas.
En la investigación se establece que ante la Oficialía Mayor se recibían facturas, se capturaba y ordenaba el pago en menos de 24 horas, sin ninguna documentación que lo sustentara.
En total, en 273 operaciones fraudulentas se presume desviaron un total de 1 mil 586 millones 150 mil 299 pesos.
Señaló el Fiscal Regional que una vez obtenida la información por parte de la Comisión Nacional Bancaria se necesitará realizar otra verificación de información con recursos, cuentas y quienes se beneficiaron de esto.
“Creo que, hasta ahorita, nosotros agotamos los datos de prueba que teníamos que realizar y teníamos en nuestro alcance, dependemos de la Comisión Nacional Bancaria para continuar en la integración”, especificó.
Una vez obtenidos los datos y ya presentadas las personas a declarar, se procederá con la investigación y se determinará quienes sí tienen responsabilidad, para poder llevarlos ante la justicia.
“En la denuncia vienen un número importante de imputados, nosotros hasta ahorita hemos determinado cerca de diez imputados con participación directa y otros de manera indirecta, estas son las decisiones que se deberán tomar con base a datos de prueba para judicializar quienes cometieron el delito”, finalizó.