El medio NBC 7 de San Diego reveló documentos que muestran cómo el gobierno de Estados Unidos creó una base de datos secreta para rastrear a periodistas, activistas migratorios y personas influyentes en los medios sociales.
Los archivos, que fueron filtrados por una fuente anónima del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), enumeran a 10 periodistas, un abogado de Estados Unidos y a otras 47 personas.
Dichos archivos fueron utilizados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza, el Dpto. de Seguridad Nacional (DHS) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
En los meses posteriores a la llegada de la caravana de migrantes al puerto de entrada de San Ysidro, reporteros, abogados y defensores de los migrantes afirmaron que eran blanco de investigaciones de seguridad concentradas.
Según los documentos, también se impidió que 3 fotoperiodistas ingresaran a México para trabajar.
Una fotoperiodista afirmó que ella fue sometida a exámenes de detección secundarios 3 veces, y se le preguntó qué había observado durante su estancia en Tijuana.
El documento parece probar lo que hemos asumido durante algún tiempo, que es que estamos en una lista de agentes de la ley diseñada para tomar represalias contra los defensores de los derechos humanos que trabajan con solicitantes de asilo y que son críticos de las prácticas de CBP que violan los derechos de los solicitantes de asilo.
Nicole Ramos, directora de refugiados y abogada de un centro legal para migrantes y refugiados en Tijuana.
De acuerdo con los documentos, se crearon perfiles para cada uno de los objetivos, incluidas fotos e información personal, así como su posible papel en asociación con la caravana de migrantes.
Algunos de los objetivos fueron marcados y otros tenían una “X” sobre sus fotos, lo que significa que habían sido arrestados, interrogados o detenidos.
Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no respondió la lista de preguntas de NBC 7, ni confirmó la validez de los documentos compartidos.
Posteriormente, el portavoz solo se limitó a decir que: "Las autoridades monitorean e investigan de forma rutinaria los eventos delictivos, como la violación del muro fronterizo en San Diego, que involucran agresiones contra la policía y un riesgo para la seguridad pública".
