La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de Yucatán para que investigue el presunto homicidio y probable abuso sexual de José Eduardo Ravelo, un joven de 23 años, a manos de policías de Mérida el pasado mes de julio.
La Comisión detalló que se integró un expediente cuyos elementos permiten evidenciar que se violó el derecho a la vida, libertad e integridad personas, y seguridad jurídica de Ravelo.
Esto "con motivo de la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura y como consecuencia la privación de la vida de la víctima, imputables a autoridades del estado de Yucatán y del municipio de Mérida", refirió en el documento.
Ravelo fue detenido el 21 de julio por policías de Yucatán mientras caminaba por la calle y, tras el arresto, pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en el ano, según denunció entonces su madre, María Ravelo.
Sin embargo, el 13 de agosto cuatro agentes acusados quedaron libres porque el juez afirmó que no había pruebas suficientes.
La Fiscalía General de la República (FGR) compartió que el 18 de agosto de 2021 la madre del joven presentó una denuncia ante dicha institución y se inició la investigación por la probable comisión del delito de tortura.
A finales de agosto se realizó la exhumación del cadáver y la necropsia, y en octubre la FGR concluyó que Ravelo "falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención" y descartó que haya existido tortura o violación sexual por parte de los elementos de la policía municipal que aprendieron al joven.
Ante ello, la CNDH pidió a la Fiscalía estatal continuar con la investigación "a efecto de que sea la autoridad jurisdiccional competente la que determine bajo sentencia, si fuera el caso, la pena correspondiente de los responsables".
Asimismo, pidió practicar todas las diligencias necesarias para determinar la probable responsabilidad penal de las personas servidoras públicas involucradas.
Del mismo modo, recomendó coadyuvar con la FGR en la integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio del joven, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia.
Además, pide colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de las quejas que se formulen ante el Órgano Interno de Control en la Fiscalía General del estado de Yucatán por las inconsistencias que se advirtieron en la necropsia que le practicó al cadáver de la víctima.
En tanto, solicitó al presidente municipal de Mérida ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares directos de la víctima y que se otorgue a la madre del joven una reparación integral del daño mediante el pago de una compensación y/o indemnización.
También pidió que lo afectados sean inscritos en el Registro General de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas, así como de la Ley de Víctimas del estado de Yucatán.
Y, finalmente, recomendó que se dé seguimiento a la queja que se formule ante la Contraloría del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en contra de del Juez Calificador, por la omisión de brindarle a la víctima la asistencia médica que requería con motivo de las lesiones que se le infligieron.
