El Programa de Inclusión Social Prospera, una de las mayores apuestas de la administración pasada en materia de desarrollo social, cerró con señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades financieras, en el padrón de beneficiarios y falta de mecanismos para garantizar el cumplimiento de metas.
Prospera estuvo dividido en tres componentes: alimentario, educativo y salud, donde se les daba apoyos a las familias de más bajos recursos para que completaran la canasta básica, que los menores de edad pudieran ir a la escuela, y que recibieran atención médica continuamente.
Para el ejercicio fiscal 2016, la ASF reportó diversas anomalías, tales como un sobre ejercicio de al menos 382 millones de pesos en sus gastos de administración, inconsistencias en los padrones, tales como fechas de nacimiento registradas en un rango de años de 1643 a 2050, entre otras cosas.
Para el académico de la Universidad La Salle, Javier López, su diseño está viciado con una visión que busca crear clientelas electorales en lugar de generar condiciones de desarrollo económico y social.
“Los mismos partidos políticos generan este tipo de corrupción para fomentar el voto hacia ellos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se fomentó mucho ese tipo de cuestiones”, comentó.
López añadió que para resolver el problema de los padrones el trabajo de las autoridades debe ser arduo, y no basta con lo que está haciendo la actual administración con el Censo del Bienestar de ir casa por casa, ya que siempre se le puede “dar la vuelta” al falsear algunos datos como la dirección del beneficiario.
El académico dijo que una manera de verificar los datos de los padrones, para evitar actos de corrupción, es cruzar datos de beneficiarios con la información que tienen las dependencias. Por ejemplo, para saber cuántos niños son susceptibles a recibir apoyos de guarderías se tienen los registros de nacimientos por año.
