La Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero arrastra un rezago en el procesamiento de órdenes de aprehensión.
Desde que su actual titular llegó a la institución –el 19 de enero de 2019– se han iniciado 229 mil 152 carpetas de investigación por diversos delitos federales, pero apenas siete mil 587 han derivado en órdenes de captura de presuntos criminales, es decir, 3.3 por ciento.
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Una orden de aprehensión es la solicitud que pide el Ministerio Público a un Juez de Control para la detención de una persona cuando existen datos de prueba suficientes para determinar su probable responsabilidad en un delito, cuando ésta se resiste a comparecer ante la autoridad judicial o cuando se ha sustraído de la acción de la justicia.
Según datos que la dependencia federal entregó en respuesta a una solicitud de información, en 2019 inició 98 mil 285 carpetas de investigación y logró que el Poder Judicial librara tres mil 644 órdenes de aprehensión.
En 2020, segundo año de gestión de Gertz Manero al frente de la FGR, el organismo autónomo inició 78 mil 463 carpetas de investigación, pero sólo dos mil 54 derivaron en órdenes de aprehensión libradas.
Ya para 2021, con cifras preliminares al 30 de agosto, la Fiscalía reportó un total de 52 mil 404 carpetas de investigación iniciadas y mil 889 órdenes de aprehensión autorizadas, se lee en el oficio FGR/UTAG/DG/004997/2021.
El Sol de México buscó la opinión de algún funcionario de la Fiscalía General de la República para fijar una posición sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
La gestión de Gertz Manero ha sido cuestionada por utilizar la agencia investigadora para asuntos personales o en decisiones polémicas como pedir órdenes de aprehensión contra una treintena de destacados científicos acusándolos de delincuencia organizada cuando, por otro lado, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, investigado por cohecho y asociación delictuosa, cenaba tranquilamente en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México.
El caso de Emilio Lozoya, a quien tras el escándalo se le impuso prisión preventiva, confirmó la crisis de procuración de justicia por la que atraviesa la FGR bajo el mandato de Alejandro Gertz y encendió los focos de alerta respecto al “tortuguismo” con el que actúa.
El mandato del actual fiscal general concluye oficialmente en enero de 2028.
INVESTIGACIONES SIN RESOLVER
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, doctor en Derecho por la UNAM, apunta que una manera de medir qué tan bueno es el trabajo de procuración de justicia es analizar el total de delitos que se resuelven.
Expone que cuando una persona denuncia un crimen, o cuando se inicia de oficio una investigación, “se abre lo que en el sistema anterior se llamaba ‘averiguación previa’, y en el nuevo sistema ‘carpeta de investigación’”. Añade que, en promedio, 6.6 por ciento de las investigaciones en México se resuelven con acción penal, donde está de por medio una orden de aprehensión girada y cumplimentada, mientras que 3.6 por ciento se solucionan sin acción penal.
Esto quiere decir que “casi 90 por ciento de las investigaciones en el país no se resuelven”.
CORTE ATRAE CASO FAMILIAR
El martes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de Laura Morán Servín y su hija, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, acusadas por Alejandro Gertz como responsables de la muerte de su hermano Federico Gertz, en septiembre de 2015.
El hoy fiscal denunció en ese entonces a Laura Morán, pareja de Federico Gertz, así como a su hija de homicidio doloso, pero la denuncia no procedió en dos ocasiones. Luego se reactivó cuando Gertz Manero llegó a la FGR.
Alejandra Cuevas, de 68 años, fue aprehendida en octubre y está bajo prisión preventiva en el penal Femenil de Santa Martha Acatitla, en tanto que a su madre, de 93 años, se le considera prófuga, hecho que ha generado críticas al fiscal por usar el aparato de justicia para asuntos personales.
El miércoles, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, indicó que el máximo tribunal atrajo el caso para cuidar la imagen de la FGR.
"Este caso ha generado interés mediático muy importante, y por las peculiaridades de él, sobre las cuales no es necesario que yo entre, porque las conocen, se ha venido ya generando una afectación a la imagen de la FGR, y del fiscal general en su carácter institucional", sostuvo Zaldívar.
“Dado que este asunto se estaba utilizando para generar un desgaste a la institución, me pareció, y mis compañeras y compañeros coincidieron, que era importante que lo resolviera la Corte, una instancia más allá de cualquier duda de presiones, de parcialidades o de juegos de cualquier tipo, y que se resuelva lo que se tiene que resolver”, agregó.
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