El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer la Ley de Seguridad Interior pese a la solicitud de veto de la oposición, de la sociedad civil y de organismos internacionales.
Peña Nieto dijo que el objetivo de promulgarla es que sean los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quienes decidan si el ordenamiento está alineado a los principios constitucionales y, de esta manera, asuman que son “el árbitro legitimado para tomar una resolución definitiva”.
“De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo puede pronunciarse sobre una ley una vez que esta ha sido promulgada. Por tanto, doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la SCJN sobre esta ley”, expresó.
Y ante los integrantes de su gabinete, gobernadores y miembros de la sociedad civil dijo que es consciente de que este tema “es especialmente sensible para la vida pública del país”, por lo que se comprometió a que no emitirá una declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta Ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad.
A su vez, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en su periodo de receso, que culmina el 2 de enero. Y será necesario que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o una mayoría de legisladores presenten una acción de inconstitucionalidad que derive en un debate público de los ministros. Pero de acuerdo a la ley no hay un plazo fijo para que el Pleno de la Corte revise el tema.
En el marco de la clausura de los trabajos de la 63 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Enrique Peña Nieto defendió la Ley de Seguridad Interior porque da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior.
El marco, agregó, establece límites en el uso discrecional del Ejército y la Marina.
En su mensaje, Peña Nieto afirmó que la norma también permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población de la amenaza de la criminalidad.
Además, abrió el debate sobre “la necesidad de tomar una determinación sobre otro tema largamente pospuesto. Si debemos seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como propuse al Congreso de la Unión hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces”.
Por último, dijo que “los retos que enfrenta nuestro país en esta materia son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar”, reiteró el jefe del Ejecutivo Federal.
Critica ONG decisión
Manrique Gandaria
El Colectivo #SeguridadSinGuerra advirtió que el presidente de Enrique Peña Nieto simula atender las demandas de los ciudadanos, organizaciones civiles nacionales e internacionales, y demás dependencias gubernamentales, que denunciaron irregularidades en la recién aprobada Ley de Seguridad Interior. Luego de que el Primer Mandatario prometiera no emitir ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si es o no, anticonstitucional.
“Advertimos a la sociedad que la promesa de no emitir, por ahora, declaratoria alguna, es una simulación más en este penoso proceso”, sostuvieron las organizaciones.
Reprocharon la irresponsabilidad de Peña Nieto, por aprobar una ley, de la que él mismo tiene dudas de su constitucionalidad
