Los sellos de suspensión que colocaron el martes inspectores del Ayuntamiento en el predio 01 de la calle Juan Aldama en el fraccionamiento Lomas de Abasolo, aparentemente invadido por un funcionario estatal, fueron violentados para continuar con las labores de construcción.
LA VOZ DE LA FRONTERA publicó ayer el documento con el que Jesús Esteban Castro Rojas, actual rector de la Universidad Politécnica de Baja California e integrante del Comité Seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción, se adjudica el terreno que en realidad es propiedad del Gobierno del Estado.
La tarde del martes la Dirección de Administración Urbana (DAU) colocó sellos para suspender la obra que se estaba levantando debido a que no se acreditó ninguna licencia para llevarla a cabo.
La mañana de ayer los trabajadores de la obra retiraron los sellos e ingresaron al terreno para seguir con sus labores ignorando la orden de la autoridad municipal que además conlleva sanciones económicas.
Para la tarde inspectores de la DAU regresaron al lugar y volvieron a colocar los sellos de suspensión pero una vez más fueron ignorados por los encargados de la construcción.
Juventino Pérez Brambila, titular de la dependencia, informó que con esta acción el conflicto escaló por lo que ahora además de una inspección física es necesario revisar documentos que deben presentar hoy mismo los encargados de la obra.
Por este motivo se giró un requerimiento que de no ser atendido puede complicar más el tema que ya es considerado legal.
Con los alcances vistos hasta ayer, el actual funcionario estatal estaría ameritando una sanción de al menos 500 Unidades de Medida Actualizada (UMA’s), equivalentes a unos 43 mil 440 pesos pero de seguir encontrando omisiones se puede llegar a la suspensión total de la obra.
Cada vez que haya un incumplimiento el problema aumenta, por ahora ya avanzó a requerimiento y pasa a ser un tema de inspección física pero también documental
Al sitio también llegó personal del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado (Indivi) quienes tomaron imágenes y datos del terreno.
Una cuadrilla de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) acudió también al terreno para cancelar el medidor de agua instalado desde 2018, trámite realizado por Castro Rojas con un documento en el que aparece como posesionario más no como propietario.
En cuanto el personal de la paraestatal se retiró los mismos trabajadores del sitio instalaron un nuevo medidor y se conectaron de forma directa a la tubería de agua potable.
Horas más tarde la cuadrilla de CESPM regresó y para impedir que siguieran tomando agua de forma ilegal retiraron la toma completa.
