Por los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, y peculado, por el proyecto de contrato de una planta fotovoltaica sin permisos ni licencias federales y estatales con la empresa Next Energy, fueron vinculados a proceso seis ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, así como a un representante legal de la empresa energética
Se otorgó un plazo de dos meses para que los agentes del Ministerio Público realicen la investigación complementaria, cuya audiencia intermedia se realizará el próximo 26 de diciembre del presente año.
En el gobierno del primer mandatario de extracción Morenista, Jaime Bonilla Valdez, se licitó y contrató la construcción de una planta fotovoltaica para suministrar energía eléctrica al acueducto Río Colorado - Tijuana, con la empresa Next Energy, sin contar con los permisos federales, estatales, ni municipales y entregando facturas de inversión sin realización de obras por casi 12 mil millones de pesos en perjuicio de las finanzas del estado.
El Juez de Control, Bernardo Ahumada con base a las pruebas presentadas por la defensa del ex secretario general de gobierno, Amador Rodriguez Lozano, consideró que no eran motivos suficientes los presentados por parte del Ministerio Público, para ser vinculado a proceso, por lo cual se desechó su imputación.
Cabe recordar que aunque el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez estaba notificado para la formulación de imputación, en la primera audiencia no fue solicitado por el fuero que tiene al ser Senador de la República, explicó en su momento el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez.
LOS IMPUTADOS
En el caso del ex titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Luis Salomón “N”, fue vinculado a proceso por los delitos de uso de atributos y facultades, así como por presunto peculado; a la ex secretaría de Infraestructura, Desarrollo y Reordenamiento, Territorial, Karen “N, fue vinculada a proceso por los delitos de uso de atributos y facultades junto con peculado.
Al ex secretario de Hacienda, Rodolfo “N”, y a los ex oficiales mayores, Adalberto “N” y Marco Octavio “N”, fueron vinculados a proceso por los delitos de uso de atributos y facultades junto con peculado.
En el caso específico de Rodolfo “N” se informó que presentó renuncia al cargo que ostentaba en el estado de Sonora como jefe de la oficina del poder ejecutivo, que encabeza Alfonso Durazo.
Por el delito de peculado se le vinculó a proceso al ex oficial mayor Israel Clemente “N” y por el delito de uso de atributos y facultades, se le vinculó a proceso al representante de la empresa energética, Alberto Julio “N”.
Para los imputados Karen “N” y Marco Octavio “N”, el Juez no les proporcionó una medida cautelar, solo que se comprometieran a atender los llamados jurídicos; en cambio a los cinco imputados restantes, se les aplicó la medida cautelar de Firma Mensual.
A la hora de la resolución del caso, el Juez, consideró que las pruebas expuestas por el Agente del Ministerio Público eran razonables para proceder a la vinculación a proceso.
La audiencia de vinculación a proceso se prolongó durante cuatro días a lo largo de la semana con horarios extendidos de hasta 15 horas de debate, donde hubo presentación de pruebas y testigos, en la sala 6 del Centro de Justicia de Río Nuevo.
Por parte de los imputados presentaron en su defensa a un perito de cargo abogado y especialista en energía, sin embargo, el Juez de Control no consideró que las pruebas presentadas fueran suficiente para emitir la no vinculación a proceso a los imputados mencionados.
En la audiencia, Amador Rodriguez Lozano, testificó mencionando que en las publicaciones del periódico oficial del estado solo aparecía su firma y la del ex Gobernador Bonilla Valdez, manifestando que era su deber firmar por el cargo que contaba de Secretario General de Gobierno y que él no intervino en nada.
Cabe señalar que actualmente se desempeña como coordinador general de relaciones interinstitucionales en el gobierno de la CDMX de Claudia Sheinbaum.
PRUEBAS PRESENTADAS POR FISCALÍA
Bajo la carpeta de investigación que presentó el Agente del Ministerio Público en la audiencia, denuncian que usaron recursos públicos para pagar los supuestos avances de la realización de la planta fotovoltaica de energía eléctrica que se instalaría en Mexicali, Baja California.
El subsecretario de Planeación, Presupuesto e Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda, declaró ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que el dinero utilizado para pagar los avances de dicha compañía, corresponden al uso del estado para escuelas, becas, jubilaciones, sector empresarial, entre otras.
La primera retención de recursos de las participaciones federales fue por 127 millones de pesos, por parte fiduciaria de la Banca Afirme.
Un contador testificó ante los agentes del Ministerio Público, mencionando que fue contratado para revisión de contratos y se percató que no estaban acreditados los pagos que se realizaron de los avances a la empresa constructora, encontró recibos de construcción, pero no comprobantes de pagos ni facturas de los mismos.
El contador dijo ante la FGE que el importe obligado que debía pagar el estado a la constructora ascendía a 29 mil 930 millones de pesos, mientras que el monto de las cuatro constancias de inversión eran equivalente a 11 mil 886 millones de pesos mexicanos, sin que hubiera evidencia de construcción de la planta fotovoltaica, cuyo predio por la carretera a San Felipe es un lote baldío.
El perito presentado por parte de la defensa, había mencionado en la audiencia del pasado domingo que para poder elaborar una planta fotovoltaica de gran magnitud como se pensaba, el estado debe ser usuario calificado, el cuál Baja California lo es, más no es un municipio generador de la misma.
