Venció el plazo que tenía la banca Afirme para regresar los 123 millones de pesos que retuvo de participaciones federales del Gobierno del Estado por lo que la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda emprenderá diversas acciones jurídicas.
La Gobernadora calificó este hecho como el más grande atraco contra las finanzas estatales.
A OTRAS INSTANCIAS
Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Poder Ejecutivo, confirmó que ayer era la fecha límite para que Afirme regresara los recursos y al no hacerlo ahora iniciará un proceso ante instancias de justicia e incluso ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Inmediatamente acudiremos al Tribunal de Justicia Administrativa solicitando la aplicación de medios de apremio que consisten en una amonestación, multa y uso de la fuerza pública”.
Ante la Fiscalía General del Estado se presentará una ampliación de la demanda de hechos que se interpuso el mes pasado señalando la negativa de la institución bancaria de regresar el dinero que estaba contemplado para diversas áreas del gobierno.
“Acudiremos también ante la Secretaría de Hacienda y ante su Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que intervenga e imponga las medidas o incluso las sanciones necesarias para garantizar la restitución de ese recurso”.
A a través de Afirme, la compañía Next Energy estableció un fideicomiso que le daba acceso al 19.5% de las participaciones federales que llegaran al Estado como parte de las garantías del proyecto de una planta fotovoltaica para la que no hay permisos de ningún tipo.
Pon Méndez detalló que en días recientes la empresa regiomontana que fue contratada por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez interpuso un recurso legal que fue respondido por un juez de distrito en Tampico, Tamaulipas, quien le otorgó una suspensión que permitía a Afirme entregarle los 123 millones de pesos a pesar de que previamente el Gobierno del Estado obtuvo una suspensión definitiva judicial de dicho proceso.
“Comparecimos ante el juzgado de distrito de Tamaulipas, nos apersonamos en el juicio de amparo y presentamos un recurso de queja en el que se señala que el juez es incompetente por razon de territorio, en pocas palabras porque los actos que se reclaman en el amparo ocurrieron en Baja California”.
Por su parte la Gobernadora del Estado aclaró que el resto de las participaciones federales que han sido asignadas a Baja California no han sido afectadas y también reiteró la intención de cancelar el contrato que tiene Afirme para la cobranza de los impuestos estatales.