El 100 por ciento del transporte privado de personal que circula en Mexicali no cuenta con emplacamiento, por lo cual no genera ingresos a las finanzas estatales, manifestó la diputada local Liliana Michel Sánchez Allende.
Precisó que posterior a la pandemia del Covid-19, el número de camiones de ese sector aumentó de 150 a 650 en esta capital, por lo que se están dejando áreas de oportunidad para que el municipio, el estado y la iniciativa privada busquen acuerdos en cuestión de movilidad.
“Es ahí donde tanto municipio, estado e iniciativa privada tienen que sentarse, porque todos terminan siendo actores de movilidad y los únicos que están siendo afectados son los hijos de los trabajadores”, manifestó.
Los concesionarios del transporte privado y del transporte público, afirmó, son los mismos por lo que se tienen que poner de acuerdo, ya que aunque benefician a los trabajadores al llegar puntual a su trabajo dejan en detrimento a los demás integrantes de la familia.
“No pasan los camiones para que los estudiantes vayan a la escuela, a las madres jefas de familia que tienen que hacer las dinámicas del día o la atención del cuidado de sus hijos, personas con discapacidad; tiene que sistematizarse porque al que le termina afectando más es al que más lo necesita”, detalló.
Sobre sus declaraciones recientes en el sentido de que deben eliminar el transporte de personal privado, dijo que solamente era una conversación de fondo sobre las causas del detrimento del transporte público, siendo el de personal privado la principal.
“Hubo una declaración hace unas semanas que hizo tu servidora sobre la iniciativa privada y su servicio de transporte privado y pensaron que yo lo iba a eliminar mañana, que lo iba a cambiar en una ley, pero no; realmente era una conversación de fondo de las causales del detrimento del transporte público”, aclaró.
La diputada exhortó a los usuarios del transporte público a denunciar las unidades que cuenten con irregularidades, como que no sirva el lector de tarjetas prepago, o la refrigeración.
Precisó que es necesario que la ciudadanía denuncie con la matrícula de aquellos camiones que cuenten con alguna irregularidad, ya que es la única manera de hacer un expediente con multas y sanciones.
Los concesionarios que actualmente circulan, afirmó, son los mismos de siempre, por lo cual saben cual es la mejor ruta y cuales son las ganancias, por lo que es importante que el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) intensifique sus multas.
“Me he enterado que van alrededor de 20 a 25 denuncias, entre el lector y el uso de refrigeración y que la multa va máximo de 2 mil pesos, entonces es muy poco porque al final el concesionario está ganando y la ciudadanía se está viendo afectada con esta modificación”, aseguró.
Por otra parte, puntualizó que se debe cambiar de fondo el sistema de contraprestación de transporte público, para que los choferes no vean a las personas como símbolo de dinero y subir o no subir de manera arbitraria a los usuarios.
“Tiene que ser un pago por kilómetro recorrido, todos los concesionarios se pelean por el Ruta 9, porque siempre va lleno y piensan que van a hacer más dinero y realmente tendría que pagarles igual a todos los kilómetros que recorren los camiones para que no hagan esta distinción a la hora que las personas suban”, manifestó.
Solamente, dijo, el 4% de la población utiliza el transporte público, por lo que tienen que retomar rutas estratégicas por parte del IMOS para los estudiantes y con descuento, ya que por las noches dejan de pasar los camiones por el horario que acuerda el concesionario.
“Ya hay un avance por parte del Instituto de la Juventud con el famoso ‘Comunder’; antes se cobraba como 1 mil 500 al semestre, ahora es totalmente gratuito la conexión del Valle a la ciudad, pero necesitamos crear este apoyo para los jóvenes de la ciudad”, concluyó.
