En Baja California se registran mil 500 denuncias al año, en promedio, por el delito de despojo de propiedad o vivienda, causado por invasores, lo que sitúa a la entidad en el quinto lugar a nivel nacional con más casos por dicha acción, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal del 2015 al 2022.
Así lo informó el diputado Diego Echevarría Ibarra, quien presentó ante el pleno legislativo la iniciativa de reforma para que el delito de despojo no prescriba y sea sancionado con penas de 5 hasta 10 años, en contra de quien invada, impulse o abogue por dicho delito.
El objetivo es reformar los artículos 226 del Código Penal de Baja California y 1142 y 1155 del Código Civil del Estado para dar certeza jurídica a los propietarios de los predios y viviendas.
Además de colocar un candado legal para que el delito de despojo no prescriba, la reforma propone sancionar a “los instigadores y a los autores mediatos o intelectuales, o a los que promuevan, fomenten, faciliten, coadyuven, organicen, obliguen, paguen o dirijan a terceros, para que ocupen un inmueble ajeno o hagan uso de él o de un derecho real que no les pertenezca”.
También incluye a grupos de tres o más personas que cometan dichas acciones, o cuando se realice en contra de persona mayor de sesenta años de edad o con discapacidad.
La iniciativa de reforma sancionará cuando se cometa por un familiar en contra de su ascendiente, y además se emitirá la privación del derecho a la herencia del ofendido.
Otro de los candados que se incluyen es cuando se realice mediante la simulación de actos jurídicos o se utilice documentación falsa; cuando se cometa por persona que tenga el carácter de servidor público, o se realice con fines de comercialización del bien despojado.
Además, cuando se realice respecto de un inmueble o predio que haya sido declarado área natural protegida por la autoridad competente, o se trate de zonas sujetas a conservación ambiental en términos de las leyes aplicables.
La reforma propone que el ministerio público tenga la facultad de recuperar el bien o derecho despojado y ponerlo en posesión de su legítimo propietario de manera inmediata.
Esto, para garantizar sus bienes materiales como predio o vivienda, ya que actualmente mientras se realizan las demandas, los invasores se mantienen en los terrenos despojados ilegalmente.
“La posesión que se obtiene a través de la comisión de un delito nunca será apta para que la persona adquiera un derecho por prescripción”, dijo el legislador.
Con ello se garantiza que los propietarios tengan sus derechos, independientemente del tiempo o plazo que hayan tardado en reclamar los bienes; y que una persona o grupo por invasión de un predio, nunca tengan el beneficio de adquirirlo por la vía de un delito o de mala fé.
“Máxime que en los últimos tiempos se aprecian individuos que en grupo o grupos realizan diversas maquinaciones delincuenciales para hacerse de la posesión de bienes o derechos y eventualmente, de su propiedad.
“Lamentablemente, esta situación de anarquía y de inequidad es producida por la indebida procuración y administración de justicia, es decir, el estado mismo es consecuente a estas circunstancias”, señaló Echevarría Ibarra.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y, en su caso, aprobación en el pleno legislativo.