Al corte del 10 de mayo se han recibido 46 denuncias de trabajadores en contra de empresas de Baja California por no respetar diversas prestaciones laborales, confirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui Ibarra.
Se trata de denuncias interpuestas sólo durante el mes de mayo, en donde 31 denuncias están relacionadas al 1 de mayo, día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo, por lo que las empresas debieron pagar a sus trabajadores un salario doble sí acudieron a laborar.
De acuerdo al funcionario, de las denuncias recibidas en lo que va de mayo otras 12 están relacionadas al reparto de utilidades, el cual se vence el último día de mayo en el caso de personas físicas y el último día de junio para personas morales.
“Recordar que el tema de las utilidades es un tema en donde se hace el cómputo de acuerdo a cada trabajador, porque tiene que ver con la indexación al salario, cuánto gana, qué prestaciones tiene contratadas, la antigüedad, tiene que ver los días trabajados, es decir, depende caso por caso”
Según la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 994 fracción II, los patrones que no cumplan con la entrega de utilidades a los empleados pueden ser sancionados con una multa de entre 250 y 5 mil veces el salario mínimo general.
Asimismo, las únicas empresas que están exentas del pago de utilidades son las empresas nuevas durante su primer año, las empresas dedicadas a un producto nuevo durante sus dos primeros años, y las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro.
Tampoco pagan utilidades el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales o de beneficencia y las empresas con un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel nacional.
Arregui Ibarra hizo el llamado a los bajacalifornianos a denunciar al número 686 193 1810, por medio de WhatsApp, cualquier irregularidad o duda relacionada al pago de sus utilidades, con intención de que la Secretaría del Trabajo pueda acercarse a las empresas antes de que termine el plazo de ley y entren en incumplimiento.