En lo que va del 2023, un total de 44 empresas han sido sancionadas en Baja California por irregularidades o incumplimientos a la normativa ambiental del estado, reconoció la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS), Mónica Vega Aguirre.

Derivado de estas sanciones económicas, hasta el momento se ha generado una recaudación de 6 millones 124 mil 522 pesos a nivel estatal.

Según indicó la funcionaria, algunas de las causas más comunes por las que se multa a empresas en Mexicali son el no tener un manifiesto de impacto ambiental, la falta de licencia para operar fuentes de emisiones a la atmósfera o no contar con un sistema de control de emisiones.

Asimismo, las principales actividades que caen en estas irregularidades en la capital del estado son las empresas ganaderas, de producción de impermeabilizantes, procesadoras de alimento para mascotas, manufacturas de tarimas de madera y sitios de extracción de materiales pétreos.

De acuerdo a Vega Aguirre, las inspecciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente se inician a partir de una denuncia o un programa de revisión, y en caso de ser detectada una irregularidad se les impone una multa y se da un periodo de tiempo para regularizarse.

“Si incurren en el incumplimiento, pues evidentemente seguirán siendo clausurados o sancionados, la verdad es que la mayoría de ellos, una vez que ya la autoridad ambiental procede a suspender o clausurar, se regularizan”

En Tijuana, las sanciones recurrentes derivan por no contar con su manifiesto de impacto ambiental, licencias de emisiones a la atmósfera o sistema de control, incumplir los niveles de ruido permitidos o el manejo inadecuado de residuos.

Los giros que más se sancionan en este municipio son lavanderías industriales, industrias metalmecánicas, recicladoras, manufacturas y productos de madera, prestación de servicios clandestinos de residuos cárnicos o de acopio de residuos de plástico, cartón o madera, sitios sitios de disposición final de residuos, producción de asfalto y producción de alimentos.

En el caso de Ensenada lo principal son las empresas que no cuentan con una licencia de emisión a la atmósfera y operativos en empresas que se dedican a tratar productos del mar, mientras que en Tecate el problema constante es la disposición de residuos.