Como parte de las gestiones que se realizan a nivel nacional para el reconocimiento de los derechos de los agentes policiacos de todo el país, el presidente de la Federación Policial de Baja California, Alejandro Monreal Noriega, acudirá al Senado de la República en Ciudad de México este próximo 17 de enero.
“A nivel nacional hay una ruta en el Senado de la República, principalmente al Artículo 123 constitucional, tenemos más de 14 años que se reformó la Constitución, en época de Felipe Calderón (2006-2012).
“Donde el policía que ganaba un juicio en un juzgado, a pesar de haber demostrado su inocencia, no podía regresar a trabajar, entonces prácticamente estaba estigmatizado y perdía sus derechos laborales después de muchos años a pesar de haber demostrado su inocencia”.
Para este tema, como integrante de la Confederación Nacional de Policías, el próximo 17 de enero tiene una reunión en el Senado de la República, con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador por Morena, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Se busca seguir avanzando en modificar el párrafo en mención, que viola los derechos de los policías que ganan un juicio.
Monreal Noriega mencionó que más de 2 mil policías han perdido su trabajo, si no es que más, de toda esta reforma que se hizo en la pasada década y que hasta ahora, nadie había vuelto a ver.
Mientras que en la Cámara de Diputados, también trazaron una ruta para reformar el Artículo 40 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que habla de los derechos de los policías, y que es precisamente lo que se hizo en Baja California, donde no ocupaban que se reformara la ley federal para tener sus derechos.
Sin embargo, lo que buscan es que todos los policías del país, gocen de los derechos que tienen los policías de Baja California, por medio de una reforma a una ley federal.
“La ley maneja un listado de 60 obligaciones, pero de derechos, muy pocos, entonces ahí debe de venir jubilaciones, prótesis, gastos funerarios, seguro de vida, bono de riesgos.
“Todo lo que conlleva las prestaciones, deben venir incluidas en una ley para que se respeten y los congresos reformen sus leyes estatales para que los municipios también reformen sus reglamentos y puedan acceder a esos derechos en todo el país”.