A través de la creación de casi 40 empresas que presuntamente brindaban asesorías, el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y tres de sus colaboradores más cercanos pudieron haber desviado 1 mil 200 millones de pesos, según acusaciones de la actual administración estatal.
El secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se presentó ayer en la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia formal en contra del panista por abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta y/o coalición de servidores públicos y/o infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos o negociaciones ilícitas, fraude procesal o los que resulten.
La demanda alcanza también a los ex secretarios de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez y Bladimiro Hernández Díaz; a la ex oficial mayor, Loreto Quintero Quintero y a dos servidores públicos de bajo rango que se desempeñaban en las áreas de Normatividad y Adquisiciones.
“Nadie paga 1 mil 200 millones de pesos en asesorías, eso evidentemente es un robo”.
Rodríguez Lozano entregó a la autoridad estatal documentación con la que asegura comprobar la forma en que entre 2017 y 2018 se crearon las empresas que recibieron depósitos incluso el mismo día en que se constituyeron.
Los pagos se habrían hecho luego de un préstamo a corto plazo otorgado a Vega de Lamadrid por la Banca Santander.
“ESTAFA MAESTRA”
Para dispersar los 1 mil 200 millones de pesos, el ex gobernador y sus funcionarios presuntamente propiciaron la creación de empresas como MVR Constructora, Servicios Administrativos Match, Edificaciones y Súper Comercializadora.
Ninguna de las compañías aparece en el padrón de proveedores del gobierno del estado, algunas no tienen homoclave ante el Servicio de Administración Tributaria y una de éstas fue señalada por emitir facturas falsas.
Rodríguez Lozano afirmó además que las empresas fijaron direcciones en la Ciudad de México que no coinciden con su descripción, pues se trata de departamentos u oficinas deshabitadas o inexistentes por lo que calificó a esta acción una “Estafa Maestra zona cuatro”, haciendo alusión a los desvíos millonarios que tienen actualmente tras las rejas a la ex funcionaria federal Rosario Robles Berlanga.
“En esos momentos no había dinero, sin embargo se pidió un préstamo a corto plazo y con eso se pagó a estas empresas”.
Otro rasgo que llama la atención es que no hay contratos ni licitaciones ni documentos firmados entre dichas empresas y el gobierno del estado, sostuvo.
El secretario general de gobierno indicó que alguno de los cheques entregados a las compañías que considera “fantasmas” llevaban la orden de pago por indicaciones superiores.
EXIGEN RIGOR
Una investigación rigurosa en tiempo y forma es lo que exige el sector empresarial para fincar responsabilidades a los presuntos desvíos de más de 1 mil 200 millones de pesos que acusa el actual gobierno estatal en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y sus colaboradores más cercanos.
Rodrigo Llantada Ávila, titular del Consejo Coordinador Empresarial local, reconoció que el gobierno a cargo de Jaime Bonilla Valdez esté actuando con responsabilidad.
Sostuvo que era un secreto a voces que había demasiadas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la gestión de Vega de Lamadrid.
Esta investigación pudiera ser la punta de un iceberg, afirmó, el cual debería representar un parteaguas para los siguientes gobernantes.
Por eso espera una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía y en el caso de encontrarse evidencias, que éstas permitan fincar responsabilidades.
“México y Baja California reclaman castigos ejemplares, hemos sabido cantidad de historias que se presumían actos de corrupción, sin embargo hoy es de las pocas veces que se están cumpliendo con el ofrecimiento, estamos muy atentos del desahogo de esta investigación”.
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