Tijuana.- El gobierno de Jaime Bonilla Valdez una vez más pone sobre la mesa una probable solución a la circulación de autos “chocolate”. Al igual que sus tres antecesores en la administración estatal, el de Morena plantea un censo de vehículos irregulares, sumado a operativos en todo el estado para detectar la circulación de este tipo de unidades, que según estimaciones oficiales, supera el millón en la entidad.
La medida impulsada por el gobernador del estado, divide opiniones entre la población y expertos en la materia, que si en algo coinciden, es en la necesidad de regular miles de automóviles que transitan de manera irregular en la entidad, perjudicando la movilidad, medio ambiente y seguridad de Baja California.
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FRACASOS ANTERIORES
Fue en 2007 cuando el entonces ejecutivo estatal, Eugenio Elorduy, inició junto con el Gobierno Federal un programa para realizar importación de vehículos por medio de la Oficina de Recaudación de Rentas, lo que pretendía reducir los trámites y evitar el uso de autos irregulares.
Hace casi 13 años, el mandatario justificaba dicho programa para eliminar el fraude que representaba Anapromex y el problema de los autos “chocolate”, además de las unidades ilegales que eran usadas para delinquir. Ha transcurrido más de una década, y Anapromex sigue operando y más de 90% de los delitos que se registran en Baja California, son realizados en los carros irregulares, de acuerdo a datos de la misma autoridad.
Tres años después, a finales de 2010, José Guadalupe Osuna Millán lanzó el Programa "Placa BC", el cual pretendía, según la administración panista, ayudar a las familias de bajos recursos que contaban con un vehículo para cubrir sus necesidades de movilidad y que no tenían los recursos para importarlo.
“Placa BC” que incluía unidades modelo 2001 y anteriores, apenas rebasó los 70 mil registrados, cifra muy inferior a los 800 mil autos “chocolate”, que por 2011 circulaban en la entidad.
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No fue hasta 2016, cuando Francisco Vega de Lamadrid planteó la creación de un padrón de los vehículos que transitaban con placas extranjeras o que no están regularizados en Baja California; esta información sería entregada al Servicio de Administración Tributaria, con el propósito de que la institución conociera la gravedad del problema que aquejaba al estado. No se alcanzó ni 25 mil vehículos inscritos en este padrón.
El padrón se volvió a proponer en 2019, con motivo del arranque de la Cruzada Estatal por la Seguridad Pública. De marzo a mayo del año pasado, se llevó a cabo el censo casa por casa en los cinco municipios del estado, así como el registro vía internet y en las oficinas de Recaudación de Rentas a nivel estatal. Los números oficiales arrojaron la existencia 105 mil autos “chocolate”.
Aquellos que se anotaron en el programa de registro vehicular, contaban con un engomado que servía para identificar las unidades en caso de algún accidente y facilitar la entrega del carro al propietario si fuera confiscado.
¿QUÉ PROPONE BONILLA?
En el Congreso del Estado hay una iniciativa de ley para crear el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la contaminación, que a su vez, plantea el desarrollo de un censo de autos regulares e irregulares, otorgándoles un engomado, no obstante, no acreditaría la legal estancia de la unidad.
De forma extraoficial y sin ser confirmado por el Congreso del Estado, trascendió que el registro tendría un costo de mil pesos para los automóviles, además de sanción de seis mil en dado caso de que el vehículo no se inscriba al padrón.
Antes de que quede formalmente instaurado este instituto, Bonilla Valdez anunció operativos en todo el estado para decomisar autos “chocolate”, en una acción coordinada entre Guardia Estatal y las policías municipales de la entidad.
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“Está comprobado que el 80% de estos vehículos irregulares que circulan en la ciudad, fueron utilizados para cometer algún ilícito, como robo con lujo de violencia, atropellamientos y homicidios particularmente, el punto no es la regularización y ordenamiento del parque vehicular, como sacar placas o tarjeta de circulación, estas unidades entraron al país ilegalmente, representa un verdadero peligro en materia de seguridad para la comunidad”, decía Bonilla Valdez, posterior a la Mesa de Seguridad.
Lo dicho por Bonilla esta semana, contrasta con lo declarado por el mandatario cuando ocupaba un curul en la Cámara de Diputados. Por octubre de 2014, el ahora gobernador argumentaba que los ciudadanos que portaban una de estas unidades no cometían un delito de contrabando como lo quería hacer ver el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En ese entonces tampoco estaba de acuerdo con los filtros de seguridad que se instalaban para detectar autos sin placas, algo que desde hace una semana su gestión comenzó a realizar en la entidad. Invitaba a las autoridades a ser más sensibles con la población sugiriéndoles a otorgar facilidades de regularización en lugar de perseguir a los ciudadanos como delincuentes
“Los retenes que se han instalado para decomisar estos vehículos son inconstitucionales y deben de suspenderse inmediatamente”, manifestaba Bonilla.
¿PUEDE EL GOBIERNO DEL ESTADO DECOMISAR AUTOS CHOCOLATE?
El abogado fiscalista, Jorge Pickett Corona, aseguró que la administración estatal sí cuenta con las facultades para confiscar unidades irregulares, gracias al anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, signado entre el Gobierno de Baja California y la Secretaría de Hacienda.
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de agosto de 2015, el cual entró en vigor el 12 de agosto de 2015, considera que las entidades federativas colaborarán con el Gobierno Federal en la vigilancia de mercancías de procedencia extranjera, incluyendo vehículos, y para tal efecto ejercerán diversas facultades, entre las cuales se encuentran las de: practicar embargos precautorios de los mismos.
Asimismo, estipula que las haciendas públicas estatales y municipales serán fortalecidas con el Anexo 8, ya que conforme al mismo se les entregará la totalidad de la mercancía que haya pasado a propiedad del fisco federal, incluso los vehículos deportivos y de lujo, con las salvedades de ley. De igual forma, los estados percibirán como incentivo el 100% de los créditos fiscales determinados.
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“Pero no tiene facultad para regularizar autos chocolate porque al tratarse de un impuesto federal, el único que tiene la facultad exclusiva para ello es la Federación a través de la Secretaría de Hacienda. Puede realizar un registro del mismo, como un censo, pero no tiene facultad para regularizar automóviles, la facultad para regularizar automóviles será únicamente y exclusivamente de la Federación, porque el Gobierno del Estado no la tiene, la única facultad que tiene a través del anexo 8, es para remover los autos chocolate que se encuentran de manera ilegal”, puntualizó el experto en materia fiscal.
En el supuesto de que a una persona se le decomise su unidad, Pickett Corona explicó que la autoridad dará un avisó al contribuyente de 10 días, para que demuestre que el vehículo se encuentra legalmente en el país. Si no cumple con eso, el especialista señaló que en cuatro meses se emitiría una resolución con la multa correspondiente, la cual puede ser impugnada.
AUTOS CHOCOLATE, SOLO UNO DE LOS PROBLEMAS DE BC
Para el coordinador del Eje de Movilidad del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, Jorge Gutiérrez Topete, el decomiso de autos irregulares, es una de las tantas medidas que tiene que tomar el Gobierno del Estado, para resolver la crisis de movilidad y contaminación que enfrenta el estado.
El especialista indicó que de 2009 a la fecha, el porcentaje de personas que usó un automóvil para moverse, pasó de 30 a 50%, lo que coloca a Tijuana y Mexicali, como las ciudades mexicanas más dependientes del vehículo.
“Se entiende porqué en esta frontera hay mucho auto chocolate, tiene muchísimo que ver con el pésimo y caro transporte público que hemos tenido. No nos extrañe que las calles y bulevares estén llenos de carros, pero la gente tiende a decir que faltan calles cuando lo que sobran son autos, ese es el verdadero problema. Es una ciudad demasiado dependiente del auto con todas las consecuencias que tiene en pérdida de tiempo, salud, efectos al medio ambiente y alto consumo de combustibles”, aseveró.
Gutiérrez Topete, vio positiva la voluntad mostrada por la administración estatal para atender la problemática de los vehículos irregulares, adicional al control asumido en la rectoría del transporte público en los cinco municipios de Baja California.
“Las leyes están ahí para que las cumplamos y las autoridades hagan lo necesario para que se cumplan y no lo estamos haciendo, obviamente estas medidas deben acompañarse con un fortalecimiento con los temas de transporte público, que debería de costar menos, ser más eficiente y tener mejor servicio”, concluyó.
OPINIONES DE LA CIUDADANÍA
“Hay gente que no tiene para comprarse un carro del año, un carro nacional y pues es lo poquito que hay, pero no son chocolates, porque no son robados, les cuesta su dinero a la gente, sacrificio, que se los legalicen”, respondió un transeúnte en la Zona Río.
“Todos necesitamos el transporte, los vehículos, es una necesidad más que nada. No dañan el medio ambiente, que los legalicen a todos y que todos paguen sus placas”, comentó un hombre que esperaba para usar el transporte público.
“Es lo mejor que los decomisen, yo estoy legal con mi carro que trae placas vigentes y si algo pasa, yo voy a responder, pero si una persona que no está legalmente me choca y se va, no sabemos de él”, expresó una automovilista que prefirió no dar su nombre.
