Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California por la que se declaró incompetente para resolver las impugnaciones contra la Consulta Ciudadana que se celebrará el próximo domingo en esa entidad, para preguntar a la ciudadanía si la duración de la próxima gubernatura será de dos o cinco años.
El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California se declaró incompetente porque la Consulta Ciudadana, organizada por el Congreso local, es de naturaleza distinta a la electoral, enmarcada en el ámbito legislativo, y no corresponde a las que se organizan conforme con la Constitución y la Ley de Participación ciudadana de aquella entidad.
Las impugnaciones habían sido interpuestas por la Coparmex local, y los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.
Como parte de los elementos para emitir la resolución, la Sala Superior tomó en cuenta que no se trata de una Consulta Popular como marca la Constitución Política de Baja California, ni tampoco es organizada por el Instituto Electoral del estado. Su aplicación no tendría efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno, sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no al titular del Poder Ejecutivo local el decreto que amplía de dos a cinco años la gubernatura, para su publicación; esto es, continuar con el proceso legislativo.
La resolución sigue el criterio que ha sostenido la Sala Superior al resolver el 13 de marzo pasado sobre las consultas por el nuevo aeropuerto y la termoeléctrica de Huexca, Morelos.
El 22 de agosto, el Congreso local aprobó el acuerdo por el cual determinó realizar una Consulta Ciudadana y conformó la comisión especial para realizarla con el fin de que se conozca el sentir de la ciudadanía de Baja California respecto de la ampliación del mandato del gobernador electo de dos a cinco años.
En el asunto se destacó que el proceso electoral ya concluyó, y su desarrollo se dio en la vigencia de la disposición transitoria que establece que durará dos años el gobernador electo. (Asuntos: SUP-JE-97/2019, SUP-JE-98/2019, SUP-JDC-1336/2019 y SUP-JDC-1337/2019, acumulados)