La investigación de Sindicatura Municipal sobre el robo de 3 millones de pesos de Desarrollo Social Municipal (Desom) en noviembre de 2019, concluyó en que el presunto responsable de dicho desfalco fue Jesús “N”, por el delito de desvío de recursos.

Al ser éste un delito grave, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, la Sindicatura Municipal no cuenta con la facultad de sancionarlo.

Por esta razón turnó la investigación al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California para que esta instancia sea la que determine la sanción contra el ex servidor público.

El síndico procurador, Héctor Israel Ceseña Mendoza, refirió que en diciembre del 2021 se llevó a cabo la audiencia administrativa final en contra del coordinador administrativo y el 4 de enero se entregó el resultado de la investigación realizada por la Sindicatura al TEJA, por lo que están a la espera de que esa instancia llegue a una resolución.

Mencionó que en algún momento las acusaciones por el robo de esos recursos se apuntaron en contra de Alejandra Ang Hernández, directora en aquel entonces, pero esto no se acreditó, puesto que la investigación arrojó que era el coordinador administrativo.

Este funcionario se encontraba en dicho cargo desde la administración municipal anterior.

“Esta persona omitió todos los controles a los que estaba obligado para hacer transferencias de recursos; de nuestra investigación ya hay un presunto responsable y ya está turnado al TEJA para que lo sancione, el ciclo de la Sindicatura en ese asunto concluyó como investigación y ahora únicamente es defender nuestra postura de que él es el presunto responsable ante el tribunal”.

Para recabar las pruebas de la investigación administrativa se entrevistó a alrededor de treinta personas, unas veinte de la Desom y otras diez del área de Informática del Ayuntamiento.

Después de que ocurrió el robo, Jesús “N” fue separado del cargo y la Sindicatura realizó una auditoría ante esta paramunicipal, tras la que se emitieron recomendaciones para implementar parámetros más rigurosos en el manejo de los recursos, a través del área de Control Interno.

“Se manejaron candados más rigurosos para el uso de los token, así como para los responsables de los mismos, además del uso de bitácoras”, dijo el síndico.

De manera alterna, también sirvieron algunos de los elementos de la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Fue un trabajo completo que nos llevó a concluir que una persona, pudo, a nuestra consideración, haber omitido ciertas conductas que llevaron a que se desviara el recurso”.

Ceseña reiteró que la Sindicatura solo puede sancionar las conductas leves definidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, mientras que las graves, como es este caso, la instancia que puede definir una sanción en el ámbito administrativo, es el TEJA.

“La documentación se envió al tribunal en original, por lo que ellos son los que deben de darle su derecho de audiencia al señalado, que aporte sus pruebas y en su momento, esa autoridad podrá inhabilitarlo o sancionarlo”.

Como máximo, la sindicatura puede sancionar las conductas no graves con una inhabilitación por un año, sin embargo, el TEJA podría definir hasta diez, tras lo cual no podría trabajar en el sector público durante una década.

AUMENTARON CONTROLES

Después de que se percatara la administración de Desom del desfalco de 3 millones de pesos, en la paramunicipal se incrementaron los controles para prevenir que esto volviera a suceder, ya que así fue la recomendación de la Sindicatura y de las mismas instituciones bancarias.

Ang Hernández, quien en el momento era la directora de Desom, recordó que fue informada a través del Coordinador Administrativo, quien a su vez fue informado por el contador de la paramunicipal que hacía falta dicho recurso en las cuentas de Desom.

De manera inmediata se tomaron acciones y se encontró que hacía falta un mayor control interno en muchos procesos, tanto en el manejo de recursos económicos, como materiales.

Una de las medidas más importantes que se tomaron, fue mancomunar la cuenta bancaria, ya que antes solo una persona podía hacer los movimientos y ahora se requiere la autorización de otra más para hacer transacciones.

“Sí vimos una falta de control, por ejemplo, manuales de cómo se maneja, de quienes tienen acceso, en este caso, quien estaba responsable del token, le faltó mucho control interno".

Del robo ya se dio vista a la Auditoría Superior del Estado, instancia que en su informe individual sobre la cuenta pública de aquel momento, se da por enterada de la situación y está a la espera de que la FGE y la Sindicatura den a conocer los resultados de sus respectivas investigaciones.