Aunque existen fundamentos legales para traspasar la operación de los servicios del agua de las comisiones de servicios públicos en la entidad a los Ayuntamientos, cuando eso se concrete debería de ser de manera transparente y con unas finanzas sanas, así lo consideró el presidente de la Coparmex en Mexicali, Octavio Sandoval López.
El asesor empresarial manifestó que esta iniciativa responde a la implementación de una reforma constitucional, ya que la Constitución en su artículo 115 indica que los municipios deben de manejar la administración y suministro de agua, por lo que reconoció que entregar la administración de estos entes a los Ayuntamientos sería legal, sin embargo, opinó que antes de hacer esa entrega, debe de hacerse un escrutinio respecto a las arcas de cada Comisión de Servicios Públicos, pues esta también representa una carga en nómina y sobre todo, un pasivo correspondiente a pensiones.
A esto, dijo que se suman aquellas demandas de las empresas que se han defendido legalmente contra los cobros indebidos de agua que se han realizado durante la administración estatal actual, por lo que la próxima gestión tendría que regresar ese recurso en caso de que resulten ganadoras del alegato.
“No se puede cuestionar el hecho de que se aplique una reforma constitucional, eso es una viabilidad que ya está; se había dejado de hacer porque de alguna forma las Comisiones en el pasado habían sido la caja chica de los gobiernos, de ahí obtenían recursos, sin embargo ahora que está la situación financiera desfavorable, ya las quieren pasar a los municipios; los municipios deben de ser muy cautelosos y cuidadosos para ver en qué condiciones reciben las comisiones y deberían de recibir unas comisiones reestructuradas y saneadas financieramente, porque si no, será una carga más para el municipio”.
Mencionó que cada comisión estatal tiene una situación financiera diferente, siendo que es evidente que es mejor la de Tijuana y Mexicali al compararlas con Ensenada y Tecate, por lo que al hacer este movimiento, las autoridades deben de realizar una auditoría para el traspaso y así hacer un diagnóstico que además debe de ser transparente.
“Los municipios deben de ser muy cuidadosos porque finalmente lo que se requiere es subir el costo del servicio de suministro de agua y de drenaje y el estado no quiere asumir el costo político, quiere que lo asuman los Ayuntamientos, por lo que debe ser un análisis muy escrupuloso”.
Insistió que aunque sería legal que los municipios operen los servicios del agua, el momento actual que atraviesa el estado no es el mejor, tomando en cuenta que el gobierno estatal solicitó préstamos a los municipios para responder a sus compromisos económicos.
