En 1995, Boutros Boutros Ghali, entonces Secretario General de Naciones Unidas, alertó a la comunidad internacional sobre las nuevas amenazas a la seguridad internacional y creó el concepto de “microdesarme”. Los negociadores mexicanos sobre control de armamentos y desarme en Ginebra, Nueva York y Viena estaban enfocados en lograr un desarme general y completo bajo estricto control internacional, especialmente mediante el logro de la proscripción total de las armas de destrucción masiva, incluyendo a las armas nucleares, químicas y biológicas. Sin embargo, Boutros Ghali, en el Suplemento de una Agenda para la Paz, señaló que en este periodo histórico las armas que mataban a más personas eran las llamadas armas pequeñas y ligeras y afirmó que "las armas de pequeño calibre son probablemente las causantes de la mayoría de las muertes que se producen en los conflictos actuales. Hay abundancia de ellas en todo el mundo, y su tráfico es muy difícil de vigilar, y más todavía de interceptar."

La alerta del Secretario General de Naciones Unidas no pasó inadvertida para la comunidad internacional. Dos ejemplos que pueden ilustrar la respuesta son la negociación y conclusión de la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA) (1997), impulsada por la Representante de México ante la Organización de Estados Americanos la embajadora Carmen Moreno de Del Cueto y el Embajador Emérito Sergio González Gálvez, entonces subsecretario para asuntos multilaterales, ambos funcionarios promotores activos y hábiles negociadores del desarme-.

Dicha Convención fue firmada por Estados Unidos el 14 de noviembre de 1997, durante la presidencia de Bill Clinton, pero no fue ratificada. Los objetivos de la Convención eran "'impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados", así como "'promover y facilitar entre los Estados Parte la cooperación y el intercambio de información y de experiencias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados." Pese a que Estados Unidos no ratificó la Convención, dejó su impronta en su texto y en la clara delimitación de sus objetivos. Otro aspecto importante que señalar es el Artículo VI de la Convención, que establece la obligación de marcar las armas, lo que en un momento dado podría facilitar su rastreo.

En los años noventa el sistema internacional de control de armamentos y desarme promovió el Registro de las Naciones Unidas sobre armas convencionales –que incluye a las armas pequeñas y ligeras- y los llamados regímenes de control de las exportaciones para controlar las transferencias de armas convencionales entre Estados y para promover la transparencia de las transferencias de los llamados productos y tecnologías de uso dual, es decir, aquellos que se pueden utilizar con fines bélicos, pero también tienen usos pacíficos.

Pero fue hasta la Conferencia celebrada del 2 al 28 de julio de 2012, en el seno de la ONU, que se negoció el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT), que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, noventa días después de haber sido ratificado por cincuenta Estados. Cabe señalar que Estados Unidos firmó el Tratado, pero no lo ratificó. El Tratado señala claramente la "'necesidad de prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y de evitar su desvío al mercado ilícito o hacia usos o usuarios finales no autorizados, en particular, para la comisión de actos terroristas." El Tratado establece diversas disposiciones relevantes incluyendo que cada Estado Parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control…" (Artículo 5.2) y el Artículo 7.IV que establece la obligación de los Estados Partes de verificar, antes de hacer una transferencia de armas convencionales, que dichas armas no serán utilizadas para "cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las convenciones o los protocolos internacionales relativos a la delincuencia organizada trasnacional."

Sin embargo, el Tratado sobre el Comercio de Armas fue criticado desde el inicio por carecer de prohibiciones especificas respecto a la proliferación de armamentos para el terrorismo y para actores estatales no legales, incluyendo la delincuencia trasnacional.

Es relevante notar que uno de los actuales debates en el derecho internacional público se refiere a la necesidad de establecer normas para evitar que los llamados actores no estatales, que incluyen una gran gama de entidades, pero también a grupos terroristas y delincuentes trasnacionales adquieran armas y/o la capacidad de producirlas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Organización para la prohibición de las armas químicas, entre otros, han debatido sobre la necesidad de actualizar el derecho internacional para incluir esta nueva realidad y poder hacer frente a los problemas que origina.

Es justamente en este contexto, y más de 25 años después de la alerta de Boutros Boutros Ghali, que enfrentamos el grave problema del tráfico ilícito de armas de Estados Unidos hacia México y sus consecuencias en la seguridad de ciudades y personas. Este problema denota claramente el carácter binacional y bicultural de amplias regiones de Estados Unidos, especialmente en la frontera de California y en toda la zona fronteriza, donde existen comunidades binacionales, y la violencia provocada por los grupos de delincuentes utilizando armamentos adquiridos en Estados Unidos es cada vez más destructiva.

El tráfico de armas de fuego y municiones de Estados Unidos hacia México tiene la especificidad de ser un tráfico Norte-Sur y pese a que la competencia para controlarlo corresponde a entidades federales como Homeland Security, las ciudades y autoridades fronterizas tienen la pretensión de participar más activamente en la búsqueda de soluciones. Según un estudio elaborado por Topher Mc Dougal, David A. Shirk, Robert Muggah y John H. Patterson (2013 ), México experimenta un aumento de la violencia con armas de fuego desde 2006, fecha que coincide con la eliminación de la prohibición de uso de armas de asalto por civiles en 2004. Esta violencia ha sido señalada por diversos analistas, quienes resaltan que 7 de cada 10 armas decomisadas en México proviene de Estados Unidos .

El volumen de las armas traficadas hacia México es difícil de calcular por diversas razones, entre otras, porque las armas no necesariamente entran y/o son decomisadas en las garitas de la frontera. Hay estimaciones como las propuestas por McDougal y Shirk que calculan que 253,000 armas de fuego fueron compradas anualmente con el propósito de traficarlas hacia México en el período 2010-2012. Asimismo, es relevante señalar que las autoridades solo están decomisando una pequeña parte de las armas que entran por la frontera. Las modalidades del tráfico son variadas y van desde tráfico en burros, costales, hasta el uso de drones para cruzar la frontera en puntos difíciles de vigilar para introducir armas o sus componentes, municiones, etc.

Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubon señaló la prioridad que el gobierno de México otorga a la lucha contra el tráfico de armas y sus efectos en la seguridad y la vida de las personas. La Secretaría de Relaciones Exteriores diseñó una estrategia global para combatir este problema desde el ámbito bilateral, multilateral y hemisférico, así como desde el trabajo diario que realiza nuestra red consular en EUA.

En ese marco, el Consulado de México en Caléxico organizó el pasado 5 de marzo el primer encuentro binacional para discutir este problema, el “Panel Tráfico ilícito de armas del Valle Imperial hacia México: sus efectos en las políticas de seguridad”, con el fin de posicionar en la opinión pública de ambos países la necesidad de fortalecer la cooperación binacional en la materia.

Participaron representantes de agencias de seguridad; académicos; representantes de Baja California, Baja California Sur, autoridades de Caléxico y El Centro, California; organizaciones de la sociedad civil; aliados estratégicos del Consulado, estudiantes; y público en general. Entre los puntos más relevantes de la discusión sobresalen:

I)La voluntad de ciudades y gobiernos locales de participar más activamente en la búsqueda de soluciones para este problema. Un posible seguimiento será incluir el tema en la próxima reunión de alcaldes de América del Norte;

IIi)La pertinencia de utilizar tecnología y bases de datos como el Sistema integrado de Identificación Balística, para el rastreo y la identificación de las armas traficadas;

III)Un mayor involucramiento de la sociedad civil y la utilización de un enfoque amplio de seguridad, que se base en la seguridad humana, y en las preocupaciones de los ciudadanos que habitan las zonas fronterizas.

IV)Fortalecer la cooperación y el intercambio de información entre autoridades, agencias de seguridad y otros actores relevantes.

Concluimos subrayando que los mismos objetivos y problemas que se incluían en los tratados, son ahora las preocupaciones y propuestas de la sociedad civil en este momento difícil: fortalecer la seguridad de personas y la seguridad pública; aumentar el intercambio de información; y utilizar los adelantos tecnológicos para luchar contra el tráfico. Tomando en cuenta las realidades políticas imperantes, desde el gobierno trabajamos para posicionar el tema en la agenda pública, instrumentar estrategias encaminadas a detener el tráfico ilícito de armas a nuestro país, enfatizar la importancia de regular la venta de armas y el impacto que genera la violencia armada en el mundo. De esta manera, creemos que los acuerdos bilaterales, multilaterales y el entendimiento entre las agencias de seguridad son la vía para detener un problema que deteriora la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países y en el mundo.