El congreso del estado solicitará al delegado del gobierno federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, se ponga a trabajar en la búsqueda de una verdadera solución a los problemas de San Felipe, así como el regreso provisional del pago de la compensación a estos.

En la sesión extraordinaria no presencial, el congreso local aprobó por unanimidad y con dispensa de trámite, el realizar un exhorto a Ruiz Uribe para que gestione una solución a los pescadores de San Felipe, quienes sufren de una veda a la pesca y que ven su situación económica muy mermada.

El diputado local por Morena, Víctor Manuel Morán Hernández, presentó la iniciativa del exhorto, con la que se pide con carácter urgente gestione una solución al problema de los pescadores del puerto de San Felipe.

Lo anterior, derivado del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de septiembre de 2020, con la que prácticamente se criminaliza el poseer una arte de pesca.

“Reactivando provisionalmente el pago de la compensación social para la subsistencia de los pescadores y demás trabajadores del mar afectados, en base a un nuevo padrón ajustado a la realidad, mientras se llega a una solución a este conflicto.

“Y que se ejerzan las acciones legales en contra de quienes se condujeron en forma corrupta en contra de los recursos del erario federal destinados a la compensación social para los pescadores otorgada por la suspensión temporal de la pesca en el Alto Golfo de California.

“Tanto autoridades como particulares involucrados en esos actos ilícitos”.

Mencionó que desde el 10 de junio 1993 empezaron a aplicarse una serie de regulaciones y restricciones a la pesca, que han venido aumentando en los últimos años, con el fin de proteger a la vaquita marina, especie endémica en peligro de extinción.

A lo anterior se suma la pesca ilegal de la totoaba, cuya vejiga natatoria es muy valorada en el mercado negro asiático, lo que ha provocado enfrentamientos violentos entre organizaciones ambientales y pescadores, el último de estos registrado el 31 de diciembre de 2020, que tuvo como saldo un muerto y un herido.

Para agravar la situación, desde enero del 2019, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador ordenó la suspensión del pago a las compensaciones a los pescadores, que tenía el objetivo de que los pescadores no salieran al mar, por lo que su situación económica empeoró.

Lo anterior, debido a que alegaban que había corrupción en la entrega de estos pagos.

“Ante esa situación que afecta a muchos trabajadores del mar y sus familias, y que se ha agravado por la epidemia de Coronavirus y el decrecimiento de la actividad económica en general, así como la temporada invernal que se avecina.

“Hoy pido a los Compañeros Diputados que seamos la voz de esos pescadores, en este reclamo de justicia para que por conducto del Delegado Federal se busque una solución a su problema.

“Y se reactive en su beneficio, al menos provisionalmente, el pago de la compensación social, con base en un nuevo padrón de beneficiarios que se ajuste a la realidad”.

Juan Manuel Molina García, que en esa misma sesión propuso la salida de la organización Sea Shepherd del Alto Golfo de California, lamentó que haya autoridades federales que les sugieran a los pescadores de San Felipe que se dediquen a otra cosa.