Aunque el próximo lunes se podría definir el recorte de agua para Baja California en 2023, aún no se tiene respuesta oficial por parte de las autoridades estatales sobre la petición de la realización de un estudio sobre el estado del acueducto Río Colorado-Tijuana, señaló el diputado local, Juan Diego Echevarría Ibarra.
En la sesión del 7 de julio, el congreso local aprobó por unanimidad exhortar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que instruya a las dependencias a su cargo que hagan un diagnóstico técnico para determinar la vida remanente del acueducto Río Colorado-Tijuana.
Además de instrumentar un plan de inversión en mantenimiento y conservación, y del que dependen 2.5 millones de habitantes de Baja California.
Lo anterior, ante el anuncio que realizará el próximo lunes la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), sobre la posible disminución en la entrega de la cuota anual de agua que se recibe del Río Colorado, que podría ser de 128 millones de metros cúbicos (Mm3), para 2023, que se restaron de los 1 mil 850 Mm3, que se establecieron en el tratado binacional de agua de 1944.
Echevarría Ibarra comentó que no han recibido una respuesta formal, solo ha escuchado una declaración por parte del secretario del Agua, Armando Fernández, en la que acepta que se requiere dar mantenimiento al acueducto, que costaría algo así como 1 mil millones de pesos, por lo que recibirán un recurso por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Por lo anterior, solicitará una respuesta por escrito sobre las acciones que se realizará por parte del estado.
Mencionó que la iniciativa presentada por él mismo, nació de una información que solicitó a la Comisión Estatal del Agua, en la que preguntó sobre la vida útil del acueducto, y en que la respuesta fue: