El pasado 13 de agosto, un vehículo de la SEDENA perdió el control en la carretera estatal 61 a la altura del Ejido México, e impactó la recámara de un domicilio particular derribando el muro de ladrillos provocando así la muerte de una mujer.
En rueda de prensa, Ángel Zaizar Prado (Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali) comentó que se enteró del caso por la prensa, si bien no les han presentado el caso como Comité, están dispuestos para apoyar a los familiares afectados.
“De hecho, si están haciendo una labor que nosotros mismos les habíamos solicitado en el caso del Valle de Mexicali con la problemática que teníamos de los homicidios, pues obviamente nosotros tenemos que dar la cara y decirle en qué les podemos ayudar”.
Aquí debe entrar la presidenta municipal y la gobernadora, porque ellas son las representantes del municipio y el estado, hacerle frente a la necesidad y al problema que tiene el ciudadano.
“No lo dudo que, si lo vemos con el general Orduño, que está a cargo ahorita de Baja California, va a dar una solución, y si no, el estado, el gobierno estatal y municipal tendrían que dar solución”.
Zaizar Prado comentó que aquí queda comprobado que el Ejército no cuenta con un protocolo para esto, pues no es su función, pero lo está haciendo por la falta de estructura, equipamiento, capacitación de personal, que no tienen los estados y municipios.
“Este no es el único accidente que sucede en el país, no hay un protocolo por lo visto, porque siempre terminan en una denuncia ciudadana, entonces si no tiene protocolo el mismo Ejército y a lo mejor no tiene personal para atender este tipo de casos, porque es un caso civil, difícilmente va a estructurar en este tiempo, todo un departamento”.
Al respecto, el presidente de la Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Roberto Quijano, comentó que no tenía información al respecto, pero contextualizando las labores del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina en labores de seguridad, no están formados para eso, sino para ejercer la fuerza del estado mexicano.
“Hay daños colaterales, la constante violación de los Derechos Humanos, insisto, no creo que sea de manera voluntaria, no creo que sea de manera dolosa con intención de causar un daño, simple y sencillamente es su naturaleza, es su formación el uso de la fuerza para
realizar tal o cual actividad."
“Y eso consolida nuestra opinión que no deben realizar labores de seguridad pública con lo que respecta a la población civil, otro es su papel”.
Rebeca Maltos Garza asentó que no debe haber impunidad, y si no se le da la atención a la denuncia, es bueno que esté la invitación del Comité de Mexicali para que asesore, puesto que la denuncia iría directamente a la oficina de Derechos Humanos.
“Entonces no puede haber impunidad, porque por lo mismo, entonces los encargados de cuidar la seguridad, irrumpiendo de esta manera, es un atropello ciudadano doble que afecta la visión y la percepción de la seguridad de la ciudadanía, por eso es muy grave”.
Debe resolver la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Atención a víctimas, para que haya impunidad y se garantice la reparación del daño, aseveró la presidenta del Grupo Diversa.