A tres años de la cancelación del proyecto para construir una planta desaladora en Playas de Rosarito, continúan las mesas de negociación entre el gobierno de Baja California y la empresa holandesa Consolidated Water, reconoció el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía.
Se trata de una inversión bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), impulsada por el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid (2013-2019) y cancelada durante la administración de su sucesor, Jaime Bonilla Valdez (2019-2021).
A consecuencia de esto, recordó Moreno Mexía, la empresa inició una demanda de arbitraje en contra del Gobierno del Estado por 51 millones de pesos, mientras que las autoridades optaron por solicitar mesas de negociación con la empresa en busca de una solución.
“Yo tuve una reunión con el consejo de la empresa en la ciudad de Miami, hace un par de semanas, y logramos un periodo de espera adicional antes de activar cualquier mecanismo legal, mientras tanto, ya tenemos vislumbrado un mecanismo que nos permitiría realizar la inversión cancelando la demanda de arbitraje”
De acuerdo al funcionario, aún no se ha formalizado ningún tipo de acuerdo con la empresa, por lo que las mesas de negociación continúan.
Sobre la inversión original, el secretario de Hacienda informó que se trató de un contrato mal estructurado desde el punto de vista financiero, ya que la Comisión Estatal de Servicios Públicos no tiene la capacidad para atender los compromisos del pago del proyecto.
Sin embargo, el contrato nunca concluyó su proceso de formalización, por lo que al ser cancelado por la administración de Bonilla Valdez, lo único que se originó fue el permitir a la empresa emprender un proceso legal en contra de Baja California por el incumplimiento del contrato.
