El ex agente del ministerio público de la extinta Procuraduría General del Estado de Baja California (hoy Fiscalía General del Estado), José Roberto “N”, ha utilizado sus influencias al interior del órgano autónomo para evitar compartir la custodia con la madre de sus hijos y ejercer violencia vicaria en su contra, señaló Daniela Lizardi Ballesteros, mamá de los menores.
Fernanda Olguín, asesora jurídica de Daniela Lizardi, aseveró que la FGEBC no ha siquiera judicializado la carpeta de investigación por el delito de violencia vicaria, debido a que no cuentan con los mecanismos para hacerlo, a pesar de que dicho delito está tipificado desde 2023.
Antecedente
Lizardi Ballesteros indicó que luego de terminar su relación de 10 años con José Roberto “N”, ella lo demandó por pensión alimenticia en 2018, ya que no le aportaba nada para sus hijos.
Sin embargo, José Roberto prefirió renunciar a su puesto como agente ministerial, que mantuvo entre 2010 y 2018, para evitar que le descontaran la pensión. Pese a esto, Daniela Lizardi encontró que fue reubicado en la Secretaría de Educación, por lo que volvió a demandarlo, detalló.
Tras la segunda demanda, señaló que José Roberto sustrajo a sus tres hijos, dos varones y una mujer, y, además, interpuso una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar y violación contra los menores, denuncia que no procedió y quedó archivada en la FGEBC, no obstante, sirvió para retrasar la demanda por sustracción que presentó la madre.
Daniela Lizardi comentó que fue hasta 2023 que optó por interponer una denuncia penal por el delito de violencia vicaria en contra de su ex pareja, con el número único de caso 2023-15791. Sin embargo, las autoridades en la FGEBC no registraron correctamente la denuncia y se inició la investigación de los delitos de sustracción y retención.
Posible uso de influencias
Asimismo, aseveró que hasta la fecha la carpeta permanece sin ser judicializada, a pesar de que ella proporcionó todo tipo de pruebas como evaluaciones psicológicas, tanto de ella como de José Roberto.
Debido a estos retrasos es que consideró que José Roberto ha utilizado sus influencias al interior de la Fiscalía para retrasar la denuncia interpuesta en su contra y “congelar” la investigación.
La madre agregó que su ex pareja ha presentado al menos cinco denuncias en contra de ella y sus familiares cercanos por delitos similares, todas ellas resueltas con el no ejercicio de la acción penal, por lo que consideró que la única finalidad real de las denuncias fue retrasar los procesos en su contra.
Fernanda Olguín, asesora legal de la víctima y presidenta del colectivo Desertik’s, señaló que desde que se aprobó la ley que tipifica la violencia vicaria como delito en Baja California en marzo de 2023, las autoridades no han imputado a persona alguna por dicho delito.
“Ya hemos esperado mucho, más de un año y medio, y no es posible que no haya ninguna vinculación. No hay vinculaciones por qué no hay instrumentación. ¿Cuando?”, manifestó.
