La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, manifestó la urgencia de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que está alejado de los ciudadanos.
La tarde de este lunes se realizó el Foro de Reforma al Poder Judicial, en las instalaciones del Centro de Convenciones del Centro Estatal de las Artes (CEART), que fue encabezado por la alcaldesa Norma Bustamante Martínez, en la que estuvieron presentes las diputadas federales electas por Morena, Alma Ruiz y Nancy Sánchez, además de José Fernández por el distrito 07, además del Víctor Espinoza del Colegio de la Frontera Norte (COLEF).
La alcaldesa de Mexicali comentó que se trata de dar a conocer la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los puntos de la reforma se encuentra el disminuir el número de ministros de la SCJN, elección ciudadana de ministros, magistrados y jueces, nuevos órganos administrativos, establecimiento de tiempos de la resolución de casos, mayor transparencia y rendición de cuentas, con lo que se espera que disminuya la impunidad, haya más eficiencia, fortalecimiento de la independencia y la restauración de la confianza en el PJF.
Batres Guadarrama señaló que el PJ cuesta al año 78 mil millones de pesos al año a los mexicanos, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos funciona con sólo el 37 % de ese presupuesto, con una población que es más del doble que la de México.
Expuso que un ministro de la SCJN percibe al año un sueldo de 7 millones, 141 mil 227 pesos, con una serie de prestaciones, mientras que el salario del presidente de la República es de 2 millones, 730 mil pesos.
Se propone la disminución de 11 a 9 ministros, y bajan de 15 a 12 años de gestión, además de la desaparición de 2 salas para quedar solo una y las sesiones sean públicas.
Se elimina el haber de retiro y se disminuye la pensión.
Aclaró que el costo de las campañas de los magistrados y jueces será simbólico, ya que no se piensa en anuncios espectaculares sino en foros en los que se expone el perfil de los candidatos, así como en internet, pero será el Poder Legislativo quien se encargará de decidir el método.
Comentó que el PJF trabaja con 258 mil tesis de jurisprudencia, de las cuales 195 son respecto a cuestiones de salud, 70 de educación, 30 de vivienda y 13 del acceso del derecho al agua.
Mientras que 12 mil 845 se refiere a impuestos y equidad tributaria para el no pago de impuestos, 1 mil 387 al derecho a la propiedad y 891 a competencia económica.
La ministra de la SCJN expuso que hay 7 mil 011 personas de origen indígena se encuentran en prisión, y el 85 % no tuvo acceso a intérprete de lengua indígena.