Baja California está en la lista de 11 estados del país, en los que, en conjunto, presuntamente se desviaron 36 mil millones de pesos que estaban destinados al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Este presunto desfalco a las finanzas públicas motivó que integrantes de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, entre ellos Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Manuel Pérez de Acha, presentaran 22 denuncias penales contra funcionarios y ex funcionarios vinculados al Seguro Popular, ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR.
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Las denuncias por actos de corrupción son contra funcionarios o ex funcionarios de los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, quienes tuvieron bajo su responsabilidad la administración de los recursos.
Entre los funcionarios y ex funcionarios investigadores estarían también aquellos que en Baja California tuvieron bajo su responsabilidad la administración de los recursos del citado programa de salud pública.
Los hechos denunciados están basados en los hallazgos reportados por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas que van de 2012 a 2016.
Según datos de agosto de 2018, el Seguro Popular tiene en Baja California 1 millón 52 mil afiliados.
