La administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda denunció formalmente a siete ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdez por irregularidades en el proceso de contratación del proyecto de la planta fotovoltaica estimando un quebranto de 12 mil millones de pesos a las finanzas estatales.
Desde sus posiciones, en el Ejecutivo y las secretarías de Hacienda, Agua y Energía, los servidores públicos señalados propiciaron la contratación del proyecto que se considera ventajoso para la particular Next Energy y se presumen los delitos de abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de facultades, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público y falsedad ante las autoridades.
También fue denunciada la compañía que exige un pago de 120 millones de pesos como una forma de compensar la cancelación de la obra aunque de ésta no hay avances físicos sobre el predio de 500 hectáreas donde en junio del 2021 el ex mandatario colocó la primera piedra.
Marco Moreno Mexia, titular de la Secretaría de Hacienda en el Estado, reiteró que se trata de un proyecto mal estructurado y con condiciones financieras completamente favorables para la compañía con sede en Monterrey, Nuevo León y cuyo domicilio oficial da en realidad a una casa particular.
“El proyecto tiene condiciones escandalosamente a favor de la empresa”.
ASEGURAN PARTICIPACIONES
Uno de los aspectos que más llaman la atención es que Next Energy fijó un mecanismo de garantía como repago del proyecto a través de un fideicomiso con la banca Afirme y con esto aseguró el 19.5% de las participaciones federales del Estado.
Esto le permitió quedarse con 123 millones de pesos que venían como participaciones para la entidad en febrero pasado, monto que ya estaba contemplado para diversos programas.
“Considerando que no hay avance físico ni financiero del proyecto, esto representa un riesgo extremo para el comportamiento futuro de las finanzas públicas del Gobierno del Estado”.
Pero eso no es todo, en el contrato que la administración de Bonilla Valdez firmó con Next Energy también se contemplan otros mecanismos de garantía como las dos terceras partes del impuesto a la nómina y los ingresos de libre disposición del Estado, incluyendo los de los organismos operadores del agua.
Moreno Mexia detalló que fue necesario interponer acciones legales para contener los efectos adversos a la planta fotovoltaica que no va a concretarse porque nunca contó con los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Tuvimos la presentación de una demanda de lesividad a las finanzas públicas del Estado y esto ha permitido una suspensión provisional que cancela los efectos de la dispersión de las participaciones”.
El Secretario de Hacienda indicó que el contrato resulta irregular porque las garantías de un proyecto se fijan en la parte final, previo a su ejecución, y en este caso fue lo primero que se estableció.
En ese sentido opinó que la planta fotovoltaica pudo haber fracasado como consecuencia de la mala estructuración del proyecto aunque otra posibilidad es que se haya planeado con la intención de que no se concretara para poder tener acceso a los recursos de garantía que resultan millonarios.