El compromiso de disminuir el flujo migratorio de Centroamérica en 45 días es todo un reto de política pública porque no era una prioridad para el gobierno mexicano, opinó el investigador de El Colef, José María Ramos.

Pidió por ejemplo esperar al resultado de recurrir a la Guardia Nacional para un tema migratorio, cuando esa corporación recientemente creada estaba destinada para ayudar en la seguridad pública.

“La duda es si tienen la experiencia para tratar con este tipo de flujo de personas, que son en su mayoría familias, niños, niñas, adolescentes, jóvenes”, preguntó el especialista en Relaciones Internacionales y Administración Pública.

El pasado fin de semana, durante su visita a Tijuana, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que de 521 mil personas que entraron este año por el sur para llegar a Estados Unidos, 159 mil 395 fueron menores de edad, y 43 mil 875 eran niños y niñas sin acompañantes.

José María Ramos también consideró que habrá de conocerse la capacidad que tengan las instituciones responsables para fortalecer la regulación y el control migratorio en el sur del país.

El profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (El Colef), consideró que aunque el acuerdo entre México y Estados Unidos frenó la imposición de aranceles, la tensión con el país del norte está lejos de terminar.

Y es que tarde o temprano estará en la discusión la política antidrogas del gobierno mexicano que apuesta por la regulación, mientras los norteamericanos sostienen la condena y el castigo, consideró.

“La política antidrogas de México se ve deficiente (…) desde la perspectiva de Estados Unidos, esto ha permitido que a través del Centroamérica cruce el 80%, 90%, de la cocaína y que ésta cruce hacia Estados Unidos”, opinó José María Ramos.