La cuenta pública del 2022 del ayuntamiento de Tijuana no fue aprobada por el Congreso de Baja California por más de 70 irregularidades entre recursos y obras sin evidencia, y fondo ejercicios no documentados.
Irregularidades
Por unanimidad de los 25 diputados y diputadas, señalaron que hubo falta de explicaciones de la cuenta pública de la ex alcaldesa Montserrat Caballero.
Entre las irregularidades detectadas, se encuentran 103 claves catastrales que fueron cobradas por menor cantidad, generando un daño al ingreso municipal por 10 millones 837 mil pesos.
De esas cuentas, solo en 18 se acumularon más de 6.2 millones de pesos que no se ingresaron.
También detectaron que en 538 claves que integran recaudación por 11 millones 354 mil pesos, se registró el tipo de predio como “Local Comercial" y en la clasificación de las construcciones señalan que el uso es habitacional, industrial, equipamiento urbano y recreativo.
No se acreditó haber transferido a la cuenta bancaria del Fideicomiso, que maneja el cruce ágil a usuarios de servicios médicos y turismo, los recursos recaudados durante el mes de diciembre de 2022, por la inscripción, renovación y expedición de pases del programa referido, por un importe de 13 millones 271 mil pesos.
En el ejercicio fiscal 2022, el Ayuntamiento obtuvo ingresos por un importe de 10 mil 492 millones 765 mil 136 pesos, de conformidad con los registros contables y las cifras presentadas en su Estado de Actividades incluido en la Cuenta Pública 2022.
Pero al acreditar la correcta expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, por los ingresos recaudados durante el ejercicio, el Ayuntamiento proporcionó archivo el cual muestra la emisión de comprobantes por 12 mil 799 millones 870 mil 364 pesos, observándose una variación no aclarada por 2 mil 307 millones 105 mil 228 pesos, resultante de comparar los ingresos recaudados contra los ingresos según reporte proporcionado.
También hay cifras de que al personal de la secretaría de seguridad municipal, no les retuvieron el ISR; cálculos incorrectos en cobro de predios, así como cambios de giros comerciales sin los documentos necesarios.
Un estacionamiento público que es del ayuntamiento, lo convirtieron de pago e ingresaron más de 2 millones de pesos pero nunca fue aprobada dicha erogación por el congreso del estado.
Detectaron que contrataron el servicio para recaudar el predial y carteras vencidas, pero aunque se les pagaron más de 27 millones de pesos, no hubo acreditación de sus actividades o resultados de recuperación de recursos.
Así como múltiples obras y recursos ejercidos sin la documentación que acredite la ejecución de las mismas; además de millones de pesos aplicados a asociaciones y fondos sin documentar los resultados.
Por estas y más de 70 irregularidades, no fue aprobada la cuenta pública y se acordó turnar a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.
Los legisladores también pidieron que se diera vista a la Fiscalía General del Estado, por presuntas irregularidades penales.
