Por contratar a dos proveedores para la instalación de 290 equipos de aire acondicionado por más de 9 millones de pesos, sin ejecutarse con base al contrato, entre otras omisiones significativas, fue reprobada la cuenta pública 2022 del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEPBC).

En el ejercicio fiscal de esta cuenta pública estuvo como titular de la entidad Gerardo Solis Benavides, la cual, además obtuvo una calificación reprobatoria de 54 puntos, en el cálculo cuantitativo de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Dentro de sus irregularidades se celebraron tres contratos con proveedores de servicios con un monto de 73 millones 963 mil pesos, por adjudicación directa por excepción al procedimiento de licitación pública, sin embargo, no se aportaron los documentos que justifican la excepción a la ley, esto, de manera recurrente.

Fue celebrado contrato con proveedor de servicios por concepto de instalación de aparatos de aire acondicionado, observándose una diferencia de 20 días de retraso en los servicios proporcionados, sin evidencia de haber hecho efectiva la pena convencional de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Por no cumplir con perspectiva de equidad de género, por retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el pago de aguinaldos y compensaciones del 22%, sin enterar al Servicio de Administración Tributaria ( SAT) y por no generar Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) al personal contratado por honorarios asimilados a salarios.

Además, el ISEPBC no contó con el padrón de bienes muebles con saldo acumulado al 31 de diciembre de 2022, por lo cual no fue posible cotejar por la ASE que los valores mostrados en dicho documento coincidan con los registros contables.

Por celebrar contratos con un proveedor por el concepto de servicio de alimentación en centros escolares con jornadas extendidas, sin contar con los contratos de arrendamiento de las cocinas industriales utilizadas para la elaboración y preparación de dichos alimentos, como señala el contrato.

No obstante, celebró 4 contratos con proveedores por concepto de suministro de útiles escolares, mochilas, calzado, uniformes, con un valor de 36 millones de pesos, donde las firmas de recibido de los beneficiarios son de los alumnos, lo cual es improcedente debido a que el padre o tutor es quien debe firmar, además de carecer de inventario de los bienes adquiridos.

La entidad no contó con el protocolo de siniestros mismo que debe estar integrado a la póliza de seguros de acuerdo al contrato y con póliza de seguro de errores y omisiones, según lo estipulado en el documento donde dice que si se habían contratado.

Por no recuperar saldos por concepto de anticipos de sueldos otorgados a empleados de la entidad, gastos por comprobar y devoluciones a la Tesorería de la Federación por pagos en demasía del 2020.

En cuentas por pagar a largo plazo presenta saldos pendientes de devolución a la Tesorería de la Federación por pagos a trabajadores con licencia sin goce de sueldo, bajas o identificados como decesos, que provienen desde el ejercicio 2015 al 2022.

Por lo anterior, se le generaron 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), 2 Promociones de Facultades de Comprobación Fiscal (PFCF), 1 pliego de observación, 6 observaciones recurrentes y 11 recomendaciones recurrentes.

Con el dictamen número 35 fue votado en contra de manera unánime en la sesión de la comisión de Fiscalización y Gasto Público, para votarse en la próxima sesión ordinaria ante el pleno del congreso del estado por todos los diputados.