Con el objetivo de sancionar hasta con seis años de prisión a médicos que, sin contar con las certificaciones correspondientes, lleven a cabo procedimientos quirúrgicos de especialidad, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, firmó el decreto que permite que dicha medida entre en vigor a partir de este jueves 23 de febrero.
La mandataria estatal puntualizó que es de suma importancia que haya plena certeza de que los procedimientos sean llevados a cabo por especialistas certificados, ya que el turismo médico genera derrama económica y bienestar para las familias bajacalifornianas.
La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), realiza en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) un trabajo permanente de inspección a establecimientos de salud.
Por su parte, el secretario de Salud de Baja California, J. Adrián Medina Amarillas, resaltó la importancia de la vigilancia a las clínicas para exigir que tanto los espacios como el personal en general cuenten con las certificaciones que los acrediten para realizar distintos procedimientos o atender a sus pacientes.
"En estas visitas que está haciendo Coepris hemos sido muy enfáticos; nosotros, como brazo regulador de Coepris tenemos la facultad de suspender, clausurar algún establecimiento donde se lleven a cabo este tipo de procedimientos; y ya la Fiscalía, una vez presentada por nosotros, por Coepris y Salud, una demanda inherente a estos procedimientos, ellos investigarán y podrán sentar las responsabilidades legales en las que pueda incurrir algún médico que lleve a cabo una cirugía sin estar certificado", expresó el funcionario estatal.
El fiscal central de Baja California, Rafael Orozco Vargas, manifestó que se darán hasta seis años de prisión a quienes practiquen procedimientos quirúrgicos para los cuales no están facultados, dejando en claro que la vigilancia da seguridad a los pacientes de que el personal que los atiende está preparado para esa tarea.
El turismo médico representó en el año 2022 una derrama económica de 29 mil 500 millones de pesos, y recientemente el Congreso del Estado aprobó endurecer las penas para quienes realicen procedimientos para los cuales no son especialistas, ya que esa práctica arriesga la vida de las personas.
Cabe señalar que, en los últimos 10 días, las autoridades estatales han visitado 89 establecimientos de salud, de los cuales 17 de ellos se han clausurado, lo que se suma a las investigaciones que realiza la FGE con el apoyo permanente de personal de la Secretaría de Salud.