Recomiendan auditoría forense para el caso BISOM

Solamente así se sabrá si hubo los controles suficientes para concretar esa transacción

Mariela Tapia | La Voz de la Frontera

  · jueves 8 de junio de 2023

Para esclarecer la manera en que se realizó la transferencia de las cuentas de Bienestar Social Municipal (Bisom) que le generó un desfalco de 3 millones de pesos, a las autoridades investigadoras podría servirles que se realice una auditoría forense, la cual es una rama de la contabilidad que permite concluir si hubo los controles suficientes para concretar esa transacción.

Así lo consideraron Gerardo Melgosa Huaracha y Nolberto González Grajeda, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali y auditor de gestión de esa agrupación, respectivamente.

Comentaron que no se ha revelado si en las investigaciones que realizaron la Sindicatura Municipal o la Fiscalía General del Estado, consideraron la realización de una auditoría forense, la cual podría constatar si se hicieron o no los procedimientos correctos para prevenir una situación como lo que ocurrió en las cuentas de Bisom en noviembre de 2019, con el desfalco que se le atribuyó a un ex empleado administrativo de la misma paramunicipal.

“Lo que sí nos daría la auditoría forense es el análisis de si se cumplieron todos estos controles, tanto del proceso, como de la banca electrónica, porque no se puede descartar ninguna hipótesis; el tema del funcionario, de la corrupción, el hackeo; ver si estaban funcionando y cuáles eran los procesos que se tienen”, expresó González Grajeda.


Esta auditoría revisaría si es que hubo fallas en los controles internos y el nivel de responsabilidad que podrían tener aquellas personas que tenían acceso a las cuentas.

Por ejemplo, si al solicitar la información a la anca sobre la transacción, la autoridad municipal no quedó conforme con la respuesta de la institución bancaria, no se ha dado a conocer si se intentó realizar algún reclamo a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el organismo que funge como defensor de los usuarios de cualquier tipo de servicios financieros en México.

Otro detalle que no hay que dejar de lado, explicaron, es que una persona debió haber dado de alta la cuenta a la que se depositaron los 3 millones de pesos.

“Los sistemas de la banca autorizan la transferencia, pero falta rastrear a dónde llegó, alguien dio de alta esa cuenta, no sabemos quien la dio de alta, desconocemos quien, si fue la misma persona que hizo la transferencia”, expresó el auditor de gestión.

Héctor Israel Ceseña Mendoza | Foto: Yajanny Jove | La Voz de la Frontera


Ponen límites para transferir

Gerardo Melgosa Huaracha, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, informó que algunos bancos suelen tener topes de montos máximos a transferir, los cuales suelen ser determinados por el representante legal de la cuenta.

Al ser Bienestar Social Municipal (Bisom) un ente paramunicipal que maneja recursos públicos del Ayuntamiento, consideró que es posible que de manera habitual se realicen ese tipo de transferencias, no obstante, esto no se ha dado a conocer en la información que se ha vertido en medios de comunicación respecto al caso Bisom.

“Una auditoría de estados financieros no es la indicada, sino más bien una auditoría forense que tiene como objetivo prevenir fraudes o dar elementos a las autoridades juzgadoras para determinar posibles omisiones”.

Melgosa Huaracha y Nolberto González Grajeda, auditor de gestión del mismo Colegio de Contadores Públicos de Mexicali coincidieron en que se ignora si se consideró una auditoría forense para atender este robo virtual que ocurrió durante la administración municipal del XXIII Ayuntamiento encabezado por la ahora gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Cuando se juzgue, con las pruebas, tendremos el conocimiento que tenía la persona o personas involucradas, creo el Ayuntamiento ha comentado su versión, recientemente la persona acusada también presentó la suya y desconocemos cual es la evaluación que hacen las autoridades respecto del tema, si se aplicaron o no las auditorías forenses y si esas pruebas que se aportaron, con estos lineamientos establecidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para que las autoridades les pueda ser útil para llegar a unas conclusiones”, finalizó González Grajeda.