La cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California del ejercicio fiscal 2021 fue rechazada por diversas inconsistencias referidas por la Auditoría Superior del Estado, en la sesión de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público que preside la diputada María Alejandra Ang Hernández.
Dicha cuenta no fue aprobada por no generar desahorro por más de 210 millones, por falta de soporte documental que justifique el gasto, por presentar cuentas de bancos con saldos de naturaleza contraria por más de 577 millones de pesos, por otorgar apoyos financieros por más de 237 millones de pesos no recuperados.
De igual forma, por la falta de soporte documental en inmuebles y construcciones por más de 4 564 millones de pesos, por no realizar retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el pago de notificadores y ejecutores, por presentar un contrato plurianual con la fotovoltaica con diversas situaciones y por retención por Bank Bajío por 127 millones no recuperados.
También con relación a promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria se le formularon 23, así como por no tener promociones de facultades de comprobación fiscal y finalmente por tener 26 observaciones recurrentes.
Rechazaron la cuenta pública de manera unánime con 5 votos en contra, 0 votos a favor y ninguna abstención.
Además la cuenta pública del Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana, (IMJV) tampoco fue aprobada por no retener Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el pago de compensaciones, previsión social y aguinaldos, por no contar con el plan de previsión social, por estar sin documentación justificatoria 15 finiquitos.
Así mismo, por otorgar apoyos económicos sin la documentación comprobatoria, por tener incorrecta la base para el cálculo del impuesto sobre remuneraciones al estado, por no realizar el inventario de bienes muebles, por no registrar el cálculo por las depreciaciones y por la entrega de 190 laptops sin contar con el padrón de beneficiarios.
La diputada Aracely Geraldo cuestionó al titular sobre los contratos que no se formalizaron por 979 mil 847 pesos fueron por, memorias de USB, tablets marca samsung galaxy, audífonos, 420 uniformes de policías juveniles adquiridos por otros proveedores.
“En las compras que se realizaron en el caso de las USB fue menor a 50 mil pesos, no hay una ley sino es a través de una invitación restringida cuando se celebra un contrato de compra venta, de igual manera, en el tema de los audífonos fueron compras menores a 50 mil, siendo compras pequeñas”, respondió el titular del IMJV, Juan Carlos Rosas.
La rechazaron de manera unánime con 6 votos en contra, 0 a favor y ninguna abstención.
