El secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Luis Ramón Irineo Romero, rechazó que exista alguna ilegalidad en el pago al consejero Ricardo Esteban Zurita López como éste alega, ya que se han apegado a la ley para pagarle lo que le corresponde.
Señala que incluso, ha sido el propio consejero quien se ha negado a firmar los contratos que son necesarios para que se le hagan sus pagos, esto en concordancia con la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, la Ley de Disciplina Financiera, así como de la propia Constitución local.
Irineo Romero comentó que la labor ha sido apoyar a los consejeros en igualdad de condiciones y cada erogación se realiza conforme a las leyes, además que se informa periódicamente a la Secretaría de Hacienda del Estado, por ser un organismo descentralizado, y al Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.
Informó que cada consejero ciudadano recibe 30 mil pesos brutos mensuales, de acuerdo al Presupuesto de Egresos autorizado por el Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción y en Presupuesto de Egresos.
En el caso particular del consejero Ricardo Esteban Zurita López se le autorizó un pago de 131 mil pesos correspondiente al periodo del 6 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.
Zurita Lopez rindió protesta el 6 de septiembre de ese año, a diferencia de los otros nueve consejeros técnicos que lo hicieron el 12 de junio, por ello la diferencia de montos.
Por acuerdo del Órgano de Gobierno del SEA se realizó su transferencia bancaria como a cada uno de los consejeros sujetos al pago de honorarios, ya que los cinco restantes se les consideró consejeros honoríficos sin pago alguno.
En septiembre de 2019, Zurita solicitó la diferencia de pago con relación al obtenido por los otros integrantes del CPC, por lo que el 8 de octubre se le dio esa respuesta contenida en el expediente DJ/045/19 donde se argumenta el impedimento legal de su petición.
Ahora, el 18 de junio de 2020, envió un escrito al Congreso del Estado donde señala ilegalidades para su pago de 2019 y el parcial de 2020, señaló Irineo Romero.
Explicó que la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público apunta que una erogación se justifica con los documentos legales que determinen el compromiso u obligación de hacer el pago, en este caso los contratos.
Zurita López no ha firmado ni ingresado dichos documentos a la Dirección de Administración y Servicios del SEA para que proceda el pago de sus honorarios.
Sobre el caso particular de este consejero que se ha negado a firmar sus contratos, corresponde al Órgano de Gobierno del SEA la decisión sobre su pago o su reintegro a la tesorería estatal, tal y como se planteó en la documentación presentada para la reunión que se canceló en marzo de 2020.
Lo anterior, dijo, a consecuencia del acuerdo del Comité Coordinador, a petición del propio consejero y de la secretaria de la Honestidad y la Función Pública Vicenta Espinoza hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación envíe al Congreso local los alcances de la sentencia sobre la integración del SEA.
