En Baja California circulan actualmente 80 mil vehículos con engomado de Anapromex, unidades de las que apenas el 15% calificarían al proceso de importación en base a las reglas actuales fijadas por el Gobierno federal.
En conferencia de prensa, Gilberto Núñez y Giovanna Estrada, ambos coordinadores nacionales de la organización, dieron a conocer una postura oficial de rechazo al censo que pretende llevar a cabo el Gobierno del Estado para contabilizar los automóviles irregulares que circulan en la región.
Para Anapromex el llamado a un registro vehicular de unidades “chocolate” está fuera de las atribuciones de la autoridad estatal por lo que a sus afiliados recomiendan no atender el censo que iniciará en semanas próximas.
“Anapromex está tomando las medidas para frenar este censo ya que como lo hemos mencionado para eso fueron creadas las asociaciones civiles y Anapromex ya tiene ese censo”.
La organización propone al Gobierno del Estado llamar a las agrupaciones civiles y dependencias involucradas en el tema para conformar mesas de trabajo desde donde se impulse un programa de regularización.
Por su parte, Giovanna Estrada consideró que el ejercicio sería en prejuicio de los ciudadanos, ya que al proporcionar su información personal que finalmente sería entregada a la autoridad federal, específicamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“El que un Gobierno realice un censo es un arma de dos filos, porque el SAT requiere la información del propietario y del vehículo para poder decomisar, si se le entrega toda esa información al Gobierno, estaría obligado a compartirla con una dependencia federal, la ciudadanía queda desprotegida”.
Aclaró que Anapromex entregaría al Gobierno estatal sus estadísticas más no los datos de sus afiliados.
Sin decomisos
De acuerdo a la propia organización, en lo que va de este año ninguno de los vehículos que circulan en Baja California con engomado Anapromex ha sido decomisado y hace dos años cuando autoridades federales y estatales implementaron operativos apenas 20 fueron asegurados.
Un ciudadano que adquiere un vehículo procedente de Estados Unidos puede pagar entre 800 y 2 mil 500 pesos por formar parte de Anapromex, que garantiza protección y defensa en caso de que el vehículo sea decomisado por la autoridad.
Gilberto Núñez indicó que su padrón es confiable y que cada una de las personas que registra un vehículo está plenamente identificada, desestimando la asociación que hacen las autoridades de estos automóviles con actividades delictivas.
Señaló que incluso la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) llega a solicitarles información sobre unidades involucradas en algún accidente o delito, misma que se les otorga de manera formal.
El coordinador nacional afirmó que Anapromex colaborará en los esfuerzos por impulsar las modificaciones legales que flexibilicen el proceso de importación, aún más cuando la mayoría de sus unidades no podrían regularizarse con las reglas actuales que limitan el trámite.
La organización estima que en Baja California circulan unos 400 mil vehículos irregulares.
