Un grupo de residentes de diversos fraccionamientos ubicados en Tijuana, realizaron una clausura ciudadana al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), debido a que en sus comunidades se han empezado a construir edificios multifamiliares, en zonas que son para residencias unifamiliares.
Al mediodía de este miércoles, un par de decenas de residentes de los Fraccionamientos Hacienda Agua Caliente, Las Plazas, Lomas de Agua Caliente Sexta Sección de la Ciudad de Tijuana, Baja California, donde colocaron sellos de clausura al inmueble.
“Denunciado y advirtiendo faltas administrativas realizadas por los servidores públicos Jessica Lizzeth Barrera Bañuelos, Primer Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez del Juzgado Cuarto de ese H. Tribunal y Juan Alberto Valdiviezo Morales, Primer Secretario de Acuerdos en funciones de Juez del Juzgado Quinto Auxiliar de ese H. Tribunal”.
El representante legal de los residentes, Juan Marcos Gutiérrez, comentó que fueron recibidos por los magistrados del pleno del TEJA, entre ellos el presidente Carlos Montero, Alberto Loaiza y Guillermo Moreno.
“Venimos a presentar una queja contra 2 jueces de Tijuana que han venido otorgando protección ilegales a desarrolladores para ubicar edificios multifamiliares en lugares que son unifamiliares residenciales, haz de cuenta que pusieras una torre de departamentos en medio de San Pedro, por decir algo”.
Esta protección es tan ilegal que un juez de distrito ha revocado reiteradamente, 3 órdenes ilegales que dieron, entonces acudieron al amparo que ya lo han resuelto, pero mientras son peras o son manzanas, mientras otorgan estas suspensiones, los desarrolladores ya desplantaron con una licencia de 350 metros cuadrados para 2 mil metros cuadrados de construcción en 4 plantas.
Es un fraude a la ley, tratan de regularizar un edificio que ya está ahí, son actos ilegales de jueces, aseveró.
En la denuncia se señala un posible conflicto de interés del presidente del TEJA, aunque no hay una imputación directa, aunque sí indiciaria en contra de Carlos Montero.
En los juicios del TEJA número 33, 138 y 181, todos del 2023, y también todos radicados en el Juzgado Cuarto, primero a cargo del Juez Juan Alberto Valdiviezo Morales y actualmente de la Juez Jessica Lizzeth Barrera, estos juzgadores han venido no solo otorgando ilegales suspensiones y protecciones a la empresa MYO, sino desobedeciendo criminalmente las órdenes del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, que a su vez otorgó medidas cautelares de amparo, protegiendo a la comunidad, señaló.
“No dejamos de mencionar que la empresa MYO está constituida por dos accionistas, una al 99 % de las acciones y otra persona al 1%, y esta empresa es arrendadora del local que en Plaza Patria arrienda el propio Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
“De las indagatorias realizadas por vecinos con los trabajadores en la construcción de MYO, estos han señalado que el verdadero propietario de la empresa sería el licenciado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, actual presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que curiosamente ha otorgado más que generosas e ilegales protecciones a la empresa MYO.
“Vecinos inmediatamente afectados por su colindancia, ya han denunciado estos hechos ante los otros dos Magistrados integrantes del Plenos del TEJA, sin que a la fecha se le haya dado algún seguimiento”.
