El gobernador Jaime Bonilla Valdez realizó un nombramiento ilegal de un consejero de la judicatura, ya que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, además, resulta una contradicción, ya que él mismo promueve la desaparición de este organismo del Poder Judicial, manifestó Fernando Rosales Figueroa.
El ex catedrático de la Facultad de Derecho de la UABC, y actual regidor del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, informó que el pasado 15 de julio, el mandatario estatal designó a Julio César García Serna como consejero de la Judicatura.
Rosales Figueroa comentó que el Consejo de la Judicatura es el órgano que se encarga de la administración del Poder Judicial del Estado y está conformado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), 2 magistrados, un juez, 2 representantes del Congreso y un representante del Poder Ejecutivo, designado directamente por el gobernador.
El también ex vice presidente de 2 colegios de abogados, expuso que los requisitos para ser consejero de la judicatura, son los mismos que para ser magistrado del TSJE y se establecen en el Artículo 60 de la Constitución local.
El numeral VIII del citado Artículo establece como uno de los requisitos el de:
“No haber ocupado cargo de elección popular, ni haber ocupado cargo de dirigencia de algún partido político, o haber sido titular de una dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal, o consejero de la judicatura, durante el año previo a la fecha en la que deba ser nombrado”.
Rosales Figueroa explicó que en este caso, García Serna ocupó el cargo de regidor en el VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, cuando lo presidía la ahora ex panista, Mirna Rincón, y por lo menos ocupó ese cargo de elección popular, hasta el 26 de septiembre del 2019, según consta en el acta de sesión de cabildo de esa fecha.
Es decir, el gobernador nombra a García Serna el 15 de julio, por lo que no ha pasado un año de la fecha que marca la sesión de cabildo del 26 de septiembre, con ello se viola lo dispuesto en el numeral VIII del Artículo 60 de la Constitución local, por lo tanto, su nombramiento es inconstitucional, aseveró.
Y resulta contradictorio que el gobernador nombre a un consejero de la judicatura, cuando él mismo, junto con el diputado Juan Manuel Molina García, promueven la desaparición del Consejo de la Judicatura, lo que es una clara intromisión a la soberanía del Poder Judicial.
El edil perredista comentó que buscará la opinión de los presidentes de los colegios de abogados al respecto a esta violación constitucional, aunque muchos de ellos parece que ya están incrustados en la nómina estatal.
