A tres meses de que concluya su administración, el gobernador Jaime Bonilla Valdez prepara la entrega de concesiones a particulares para la operación de Centros de Verificación Ambiental Vehicular, proceso en el que se contempla la adjudicación directa de contratos.
La Secretaría General de Gobierno hizo oficial la Declaratoria de Necesidad para otorgar en concesión el establecimiento, operación y funcionamiento de Centros de Verificación de emisiones contaminantes a la atmósfera de automotores en circulación.
De este modo, el gobierno de Baja California estaría activando de nuevo el Programa de Verificación Ambiental que se suspendió en marzo del 2020 cuando vencieron las 16 concesiones que se otorgaron en 2010 durante la administración del panista José Guadalupe Osuna Millán; el gobierno de Bonilla Valdez decidió no renovarlas.
En la fracción décimo primera del documento con el que buscan otra vez la concesión de los verificentros, el Ejecutivo estatal reconoce no contar con los recursos financieros para instalarlos, por lo que se consideran viables las concesiones a particulares.
“Es de interés del Ejecutivo recibir propuestas de proyectos de concesión por parte de particulares para el establecimiento de los Centros de Verificación en los siete municipios; serán responsables de realizar la verificación de emisiones contaminantes y de otorgar la constancia de verificación”.
En la declaratoria también se considera que si la construcción, operación, mantenimiento y explotación de los Centros no requiere erogación de recursos públicos, es posible omitir un proceso de licitación y en su lugar entregarse una adjudicación directa bajo respaldo de la Ley General de Bienes y del Reglamento de Concesiones del Estado.
Funcionarios de la actual administración y el propio gobernador Bonilla Valdez han calificado como un fracaso el Programa de Verificación Ambiental que se implementó con las pasadas administraciones al asegurar que se perdió el objetivo ambiental y se priorizó la recaudación de recursos.
Además se ha señalado que dicho programa, a pesar de ser obligatorio, no era cumplido ni por la mitad de los vehículos que integran el padrón oficial vehicular.