El Congreso del Estado ha quitado autonomía, así como el poder de decisión a los ciudadanos, para elegir a fiscales, auditor y contralores autónomos y los concentra solo en el Ejecutivo y el Legislativo.

Lo anterior lo manifestó el secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Luis Ramón Irineo Romero, que acudió como invitado especial al desayuno semanal del Grupo Madrugadores de Mexicali, que preside Pablo Casillas.

Con la reciente aprobación de la creación de la Fiscalía General, el Congreso local ha quitado el tamiz ciudadano a los nombramientos, ya que antes de la reforma, se consideraba que los nombramientos del Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción, el Fiscal Electoral, el Auditor y los contralores internos de los órganos autónomos, se realizaban a través de una comisión conformada por 4 integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), del SEA, así como 3 diputados locales pertenecientes a diferentes grupos parlamentarios.

Sin embargo, en la reciente reforma se ha eliminado la citada Comisión, y los nombramientos se realizarán por un acuerdo tan solo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, dejando de lado a los ciudadanos.

Se crea también la Comisión Estatal de Inteligencia que será integrada por la Fiscalía General, así como las secretarías y direcciones de seguridad pública de los Ayuntamientos. La coordinación correrá a cargo de Fiscal General del Estado.

Esto lo agregaron los diputados en la sesión plenaria, cuando algo tan delicado debió haber sido socializado, ya que se trata de una franca injerencia en las facultades de los municipios.

Irineo Romero comentó que la Fiscalía General del Estado, manejaría un presupuesto de 3 mil 586 millones, 198 mil pesos aproximadamente, lo que la convertiría en una de las entidades públicas con más presupuesto.

A diferencia de la Fiscalía General de la República, que se trata de un órgano autónomo público, o sea, que no depende del Ejecutivo ni del Legislativo, la Fiscalía estatal dependerá totalmente del Ejecutivo.