La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que encabeza Luis Ramón Irineo Romero, aprobó exhortar a los Ayuntamientos, al Congreso del Estado y al Ejecutivo estatal, que transparenten el proceso de entrega-recepción de poderes, por tratarse de un tema de interés general.

Hoy se realizó la sesión de dicha comisión donde se aprobó por unanimidad, un paquete de exhortos y otro de recomendaciones vinculantes, para presentarlas ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, lo que está programado para el jueves.

Es el subir a un portal de internet, todo lo concerniente al estado que guarda la administración pública municipal y estatal, las condiciones en las que se entrega y se reciben los Ayuntamientos, el Congreso y el Gobierno del Estado.

“Se trata de medidas tendientes a transparentar la administración a la rendición de cuentas, sentimos que el paquete de exhortos y recomendaciones vinculantes, apuntan directamente en la dirección de que se deben transparentar todos los recursos, todos los asuntos públicos.

“No estamos inventando el hilo negro, lo que estamos haciendo es rescatar la parte esencial de la ley entrega-recepción que data de 20 años atrás”.

Por ejemplo, los diputados no hacen entrega-recepción, simplemente se van y no rinden cuentas por los recursos, ni en qué estado se encuentran los asuntos que conocieron y tramitaron.

Si los diputados compraron una computadora o un escritorio con dinero de Desarrollo Social, entonces se les recuerda que esos artículos no son de ellos, sino de la entidad, o sea, del Congreso del Estado, pero la medida va más allá, al buscar que informen sobre su labor legislativa.

Como parte de los temas que se deben considerar es lo referente a los contratos de asociaciones público privadas (APP), se requiere subir a internet todos los contratos y las modificaciones que se hayan tenido, esto, para que cualquier persona los conozca.

También todo lo referente al endeudamiento, las opiniones que debieron haber omitido, tanto la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como el auditor superior del Estado.

Todas estas recomendaciones son consideradas vinculantes, pero son obligaciones, por lo que de no cumplirse habrá sanciones.