Tijuana.- A raíz de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, en el Sistema Penitenciario de Baja California familiares de los presos empezaron a señalar irregularidades en la atención y demandar que se protegiera a las personas privadas de su libertad.
La Secretaría de Salud de Baja California, por conducto del doctor Alonso Óscar Pérez Rico, informó sobre los filtros de sanidad instalados en todos los Centros de Reinserción Social de la entidad, la suspensión de visitas y la capacitación del personal de los ceresos para hacer frente a la atención de la emergencia sanitaria.
No obstante, en tres meses de la pandemia, las declaraciones de la Secretaría de Salud se han mantenido inconsistentes en el tema, sin que hasta el momento se precisen las cifras de los casos positivos de Covid-19 en los Centros de Reinserción Social.
A principios de junio se hablaba de 300 casos sospechosos de Covid-19 entre población penitenciaria así como trabajadores.
Mientras que 30 personas han fallecido por complicaciones respiratorias, mismas que fueron catalogadas como casos sospechosos de contagio del virus SARS-CoV-2, sin que hasta el momento se conozcan los resultados de estos casos.
Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos manifestó tener conocimiento de al menos 40 trabajadores del Sistema Penitenciario de Baja California que han presentado síntomas sugestivos de Covid-19, sobre los cuales tampoco se ha aclarado si son positivos o descartados.
Al respecto, se le preguntó al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Miguel Ángel Mora Marrufo, sobre las acciones que por oficio y por quejas presentadas en la CEDH se iniciaron, se informó que -a partir del 23 de marzo, la CEDH ha registrado 318 asuntos con relación al Sistema Penitenciario.
Entre estos se contabilizan 194 expedientes de queja, 72 gestiones, 12 orientaciones, así como 40 expedientes pendientes por clasificar.
Los derechos humanos presuntamente más vulnerados han sido a la protección de la salud, a la seguridad jurídica, al trato digno y a la igualdad, detalló el presidente de la CEDH.
Asimismo, las autoridades con mayor frecuencia señaladas en las quejas son: el Cereso El Hongo, con 80 quejas; el Cereso Tijuana, con 37 quejas; el Cereso Mexicali, con 33 quejas; Cereso El Hongo II, con 27 quejas.
En este mismo periodo, se han abierto 12 expedientes de queja con relación a Covid-19 en Sistema Penitenciario, puntualizó Mora Marrufo.
Del 26 de marzo a la fecha se han emitido cinco solicitudes de medidas cautelares en los Ceresos de Tijuana, Ensenada y El Hongo II, solo cuatro de ellas están relacionadas con casos de Covid-19, que incluyen medidas cautelares para las y los colaboradores del Sistema Penitenciario, incluyendo a población penitenciaria.
Por lo que respecta a lo que falta por atender, la CEDH ha señalado tanto en diagnósticos como en recomendaciones, retos estructurales históricos pendientes de subsanar por parte de las autoridades penitenciarias.
Sin embargo, en el contexto de la actual contingencia sanitaria, los servicios de salud han sido uno de los principales pendientes señalados por las personas privadas de la libertad y corroboradas por personal del organismo durante revisiones presenciales en los Ceresos.
Señaló que algunas de estas observaciones han sido atendidas mediante la solicitud de medidas cautelares, no obstante, sigue habiendo pendientes en la materia.
El personal de la CEDH realiza revisiones periódicas, de manera sorpresiva, principalmente cuando lo solicitan las propias personas privadas de la libertad, de manera anónima, a través del teléfono de guardia del organismo.
Cabe señalar que por el carácter sorpresivo del procedimiento, las visitas no se programan.
Por último, Mora Marrufo señaló que la integración de las carpetas de quejas, con relación al derecho a la salud en los Ceresos, continuará durante y posterior a la pandemia, ya que es un derecho fundamental de las personas.
