El proyecto de construcción de una planta desaladora en Playas de Rosarito no contempla la venta de agua hacia los Estados Unidos, como sí lo hacía el proyecto original, afirmó el secretario de Hacienda de Baja California, Marco Moreno Mexia.
Señaló que el proyecto aún se encuentra en proceso de estructuración por parte de las autoridades estatales y el Gobierno Federal, sin embargo, insistió en que se busca que no se involucren recursos privados, para que sea totalmente construido con inversión pública.
De acuerdo al funcionario, la primera fase tendría una producción de 2.2 metros cúbicos de agua por segundo, lo que representa un volumen anual de alrededor de 70 millones de metros cúbicos, que serían destinados sobre todo a la zona costa de la entidad.
Afirmó además que, una vez construida la planta, se estaría asegurando el abastecimiento de agua para la zona costa de la entidad al menos por los próximos 20 años.
“En la ecuación actual no está considerado vender agua a Estados Unidos; es para abasto de la zona costa, así es”
Moreno Mexia recordó que el Gobierno Federal ya adquirió el predio de 201,289.0960000 metros cuadrados en el Ejido Mazatlán, en Playas de Rosarito, en el que se llevará a cabo la construcción, el cual está actualmente a nombre del Fondo Nacional de Infraestructura.
Asimismo, indicó que ya fue solucionada la demanda internacional presentada por la empresa Consolidated Water, que iba a desarrollar el proyecto original, sin que se haya requerido algún pago de indemnización.
“De ninguna manera, se le compraron los documentos en 20 millones de pesos, se le compró el terreno en 596 millones de pesos, y con eso la empresa presentó ante el tribunal internacional la cancelación de la demanda de arbitraje”
El proyecto para desarrollar una planta desaladora en Playas de Rosarito fue originalmente impulsado por la administración del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid bajo el modelo de Asociación Público Privada (APP).
Según lo señalado por el secretario de Hacienda del estado, este proyecto fue estructurado de manera en que se requería un incremento importante de la tarifa de agua para que fuera viable, situación que afirma no ocurrirá bajo esta administración.
El proyecto original fue cancelado de forma unilateral en junio de 2020 por la administración del entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, hoy senador de la República, mediante un oficio en donde se solicita a la empresa presentar su reclamación.
En opinión de Moreno Mexia, de no haber emitido este oficio y si se hubiese permitido que la situación concluyera de forma natural, la empresa no habría tenido fundamentos para iniciar una demanda de arbitraje contra Baja California, pues afirma que tanto la empresa como el entonces Gobierno del Estado estaban incumpliendo con el contrato.
“En algún momento algún abogado que revisó el oficio al que me refiero hizo una mención de que esto prácticamente parecía un manual de cómo demandar al estado”, dijo.
