Debido al alto número de feminicidios que imperan en Baja California, pese a que desde 2021 se decretó una alerta de género por violencia feminicida, la diputada local por Morena, Liliana Michel Sánchez Allende, propuso brindar una pensión alimentaria a hijos de las víctimas hasta cumplir la mayoría de edad.
En la última sesión plenaria del congreso local realizada en modalidad híbrida, la legisladora presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Víctimas del estado y la Ley de Asistencia Social del estado, con el objetivo que se establezca el derecho a una pensión alimenticia y a recibir asistencia social prioritaria para las hijas e hijos menores de edad de las víctimas de feminicidio.
En su exposición de motivos, Sánchez Allende explicó que actualmente, la legislación de Baja California, concretamente ambas leyes en mención, no contemplan acciones concretas en favor de las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio.
“Es decir, de aquellas que han perdido la vida y sus descendientes han quedado en la orfandad, siendo este grupo, uno de los más vulnerables por lo que debe ser atendido de forma prioritaria con una pensión alimenticia que cubra sus necesidades básicas”.
Recordó que el pasado 25 de junio del año 2021 en Baja California se dio un paso significativo en el combate a la violencia contra la mujer mediante la implementación de la Alerta Violeta de Género.
La representante popular por el Distrito III explicó que lo anterior es un mecanismo de protección de los derechos humanos que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida.
“No obstante, según datos publicados en medios de comunicación que refieren al informe de incidencia delictiva del Gobierno de México, para el 3 de abril del año 2022 la entidad ocupaba el tercer lugar en homicidios de mujeres y el decimoprimero en feminicidios, con un total de 69 mujeres asesinadas en el estado durante los primeros meses del 2022, de los cuales 62 fueron tipificados como homicidios dolosos y 7 como feminicidios.
“Ahondando en este punto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proporciona los siguientes datos sobre la incidencia delictiva del delito de feminicidio del periodo de 2015 a 2022, que es la expresión máxima de la violencia de género contra las mujeres, tuvo un alza considerable del 2017 al 2018 pasando de 11 a 27 feminicidios, es decir, más del doble; para bajar en el 2019 con 23 y volver a subir el 2020, fecha en la que se solicita la declaración de alerta de violencia de género. Sin embargo, no obstante recudir la incidencia de 31 a 20 de 2020 a 2021, el 2022, se tuvo un alza de dos en para quedar en 24 en comparación con el año anterior”.
La iniciativa fue remitida a las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto que preside la morenista Julia González, así como a la de Asuntos Indígenas y Bienestar Social encabezada por Evelyn Sánchez Sánchez, para su análisis, discusión y dictaminación.
