Con el fin de evitar el tortuguismo en el proceso de entrega recepción, el Grupo Parlamentario de Morena propone cárcel para los funcionarios que no atiendan con diligencia y prontitud a las solicitudes de información requeridas. Aunque la bancada de Morena en la XXIII Legislatura lo anunció en rueda de prensa, la iniciativa no fue entregada ante el pleno, la cual se trata de la reforma a diversos Artículos de la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos, así como a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
En la propuesta se establece la reforma al Artículo 23, de la Ley de Entrega Recepción, que establece que: “Cuando el servidor público saliente entregue información incompresible o incompleta; oculte, altere, destruya o inutilice total o parcialmente, sin causa justificada, la información, bienes y recursos que se encuentren bajo su custodia. “O, en su caso, no atienda los requerimientos de aclaración que se formulen en el plazo establecido en la presente Ley, incurrirá en responsabilidades, en los términos del Artículo 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
Mientras que podrá alcanzar cárcel de uno a 3 años, además de una sanción económica de hasta 100 días de multa: “El servidor público que no entregue, dilate la entrega, deforme o manipule con el propósito de engañar la información solicitada por la comisión de enlace del Gobierno entrante o que impida la participación de un representante en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios”. En su exposición de motivos, los legisladores señalaron que: “La ciudadanía nos entregó el mandato para renovar desde sus cimientos a las instituciones públicas de nuestra entidad y de nuestros municipios”.
“Muchas de las autoridades obligadas a hacer la entrega responsables del proceso de transición previsto en la legislación aplicable al Estado y Municipios se están comportando con poca seriedad”. Señalan en particular el caso del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, que según su versión, se ha dejado ver en actitudes de franco boicot y sabotaje al funcionamiento de las comisiones de enlace, en una actitud que raya en lo faccioso y prepotente.
“¡Esto no es un juego! No permitiremos que sigan saboteando los procesos de transición en virtud de que es un trabajo que es producto de la ley y que es indispensable para una sana transición de los gobiernos estatal y municipales”.