El comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC), Francisco Gómez McDonough, propuso calificar como delitos graves a los incumplimiento en materia de transparencia.
Señaló que los Ayuntamientos son los “sujetos obligados” que más se tardan en responder las solicitudes y que menos cumplen con la respuesta, siendo el del municipio de Tecate el más incumplido.
Gómez McDonough mencionó que actualmente el ITAIPBC está facultado para sancionar por incumplimiento de transparencia directamente a los responsables de las Unidades de Transparencia con las que cuenta cada dependencia gubernamental, esto por multas que ascienden aproximadamente a los 15 mil pesos.
No obstante, dependiendo la falta, la multa puede llegar a aplicarse a los titulares de la misma dependencia.
Debido a que los incumplimientos en materia de transparencia persisten, Gómez McDonough aseveró que están buscando que dichos incumplimientos se califiquen cómo delitos graves e intensificar las sanciones, esperando que disminuyan las faltas.
“La sociedad hoy en día demanda mayores castigos a quienes incumplan con el tema de la transparencia. Lejos de desaparecer (la ley de transparencia), lejos de dejarla como algo que no sirve, por el contrario hay que fortalecerla y la manera de fortalecerla es darle más dientes al instituto para que pueda sancionar de manera ejemplar”, manifestó.
El comisionado presidente señaló que los Ayuntamientos son las dependencias que menos cumplen con sus solicitudes de transparencia. Al respecto, detalló que el Ayuntamiento de Tijuana es el que más solicitudes recibe anualmente, pero el Ayuntamiento de Tecate es el que menos cumple.
Según el portal del ITAIPBC, en lo que va del 2024 las dependencias con el mayor número de recursos de revisión presentados en su contra están encabezadas por el Ayuntamiento de Mexicali y el de Tijuana, cada uno con 43 recursos, mientras que en tercer lugar se ubicó el Ayuntamiento de Ensenada, con 39.
Asimismo, comentó que durante el presente año el ITAIPBC aplicó una amonestación pública en contra del Concejo Fundacional de San Quintín.
Agregó que una de las últimas sanciones interpuestas por el instituto fue una multa en contra de la titular del Centro de Rehabilitación Misión San Carlos, Cynthia Ruíz Ramos. Sin embargo, la funcionaria obtuvo un amparo para evitar pagar.
“Lo que menos buscamos es multar, no queremos volvernos una caja registradora en el instituto, por qué no es el fin último que cumplimos, no es el propósito. El propósito es dar cumplimiento a derechos humanos, cómo son el acceso a la información y la protección de datos personales”, expresó.
