Las personas o funcionarios que utilicen uniformes, placas, identificaciones, unidades o tecnologías de comunicación falsificadas o usurpadas de dependencias de seguridad, serán sancionados con prisión de 2 y hasta 6 años, y multas económicas de hasta 100 días.
La iniciativa fue presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y analizada en la comisión de gobernación, legislación y puntos constitucionales, que fue aprobada en el pleno legislativo.
A las personas detectadas en dicho delito pero que además son o fueron funcionarios públicos hasta un años después de concluir su función, la sanción económica se eleva hasta 300 días y un tercio adicional en la pena de prisión.
LA REFORMA
La reforma es al artículo 319 del Código Penal de Baja California donde se puntualiza la usurpación de funciones.
La reforma castiga la clonación de uniformes, tecnologías de comunicaciones, la falsificación de documentos, placas, identificaciones, colores, equipo de identificación, y vehículos.
La sanción aplica para quien produce, almacene, distribuya, y utilice dichos artículos.
El objetivo es sancionar a grupos del crimen organizado quienes generan dicha falsificación.
EJEMPLOS
Un ejemplo emitido fue las cámaras de videovigilancia en postes de telecomunicaciones y de la CFE que presuntamente fueron colocadas por el crimen organizado, principalmente en Tecate, comentó la diputada Alejandrina Corral.
Cabe destacar que la votación a la reforma fue aprobada por unanimidad de los 25 diputados y diputadas presentes.
