El delegado del Gobierno federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, presumió el apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien pide que se salga Banca Afirme, por el caso del contrato a la planta fotovoltaica.
El presidente del congreso local, Juan Manuel Molina García, señaló que apoyan a la gobernadora en este sentido, y se deberá de analizar si esta institución bancaria ha violado algún mandato de un juez al momento de hacerse de las participaciones federales.
La administración anterior encabezada por el morenista Jaime Bonilla Valdez, firmó un contrato con la empresa Next Energy, para construir una planta fotovoltáica para alimentar al acueducto Río Colorado-Tijuana, sin embargo, esta al no obtener permisos federales requeridos, el estado tendrá que pagar hasta 12 mil millones de pesos.
La noche del jueves, la gobernadora emitió un mensaje en sus redes sociales en el cual señala que quiere sacar al Banco Afirme, con quien tiene un comodato para recibir el pago de los trámites vehiculares, desde la época del gobernador José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013).
Esta misma institución bancaria es partícipe de un fideicomiso junto con el gobierno del estado y Next Energy, que se formó para financiar la planta fotovoltáica, y que hizo valer la garantía en enero, cobrando 123 millones de pesos de participaciones federales.
Ruiz Uribe señaló que vieron que era muy complicado que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgara los permisos necesarios para la construcción de la planta fotovoltaica, y después se presentó un desacuerdo entre la actual administración estatal y la actual.
La empresa hizo válida la garantía y se cobró 123 millones de pesos de participaciones federales, por lo que la gobernadora hizo la justa exigencia de la devolución del recurso, ya que no se construirá la planta fotovoltáica, y hoy es más justa que nunca esa exigencia porque no se va a construir.
“Entonces como dijo el presidente, si no se va a construir, no tiene por qué el gobierno hacer ningún tipo de erogación para esa planta, y si erogaron 123 millones de pesos, tienen que ser devuelto, conociendo a las empresas sobre todo las que trabajan en el sector energético, son rapiñeras”.
El gobierno federal está apoyando a la gobernadora, sin embargo, no tiene conocimiento de que Ávila Olmeda haya realizado una solicitud formal para que se le apoye, pero cuenta con el respaldo del presidente.
Molina García comentó que este es un tema derivado de un contrato que firmó la anterior administración, y entiende que hay un juicio de lesividad en el Tribunal de Justicia Administrativa, donde se concedió la suspensión al Gobierno del Estado, para que no se les aplicara ninguna clase de descuento o retención.
El tema es si la fecha que se otorgó la suspensión, es anterior a la fecha de cuando el Banco realizó la suspensión, aun cuando este no haya sido notificado, no podía hacerlo, ya que estaría violando la suspensión, ya que esta surte efecto desde el momento en que se dicta.
Mencionó que están a favor de la salida de este Banco, ya que si no acata una resolución judicial, entonces ¿qué se puede esperar en el futuro?
